Los sucesos ocurridos el día de ayer en Villa Río Bermejito han vuelto a colocar al norte de la provincia como escenario de un conflicto social que atañe a las comunidades indígenas, o, cómo debemos llamar sin hipocresía, a los indios. Es imperativo dejar de lado la amnesia colectiva, el principal capital político de la clase dirigente, y recordar que esta no es la primera vez que la violencia estalla.

Hacemos memoria: el 22 de mayo de 2013, la represión policial contra organizaciones sociales y comunidades originarias en Juan José Casteli resultó en la muerte de Florentín Díaz, quien huía del operativo. En aquel momento, el ministro de gobierno y responsable de la policía era el actual diputado nacional Juan Manuel Pedrini, jefe de campaña de Jorge Capitanich. 

Durante la gestión de Capitanich también se registraron las muertes del niño Néstor Femenía en 2015 por desnutrición severa y tuberculosis en Villa Río Bermejito, y la muerte de Josué Lago en 2021 en General San Martín. Más recientemente, el 7 de marzo de 2023, hubo otra violenta represión policial en Villa Río Bermejito por la desaparición de un joven de la comunidad qom, que llevó al pueblo a atacar la comisaría.

En tiempos donde se buscan responsables, encuentro dos. El exgobernador Capitanich es responsable por sus 16 años de peronismo/kirchnerismo en los que no erradicó los flagelos históricos (tuberculosis, desnutrición, falta de agua potable) que sufre la comunidad aborigen. El segundo responsable es el actual gobernador Leandro Zdero.

La base del conflicto de ayer fue el haber quitado las pensiones por discapacidad a un alto porcentaje de la comunidad de Villa Río Bermejito. 

Estas pensiones se habían transformado en una dádiva y un yugo político para garantizar el voto cautivo en tiempos kirchneristas. 

Es vergonzoso que la reestructuración nacional, que busca terminar con las maniobras fraudulentas y la estafa al Tesoro Nacional, se haya implementado sin fallar, por parte del gobierno actual, en los mecanismos de comunicación y contención.

Mientras la oposición que tuvo 16 años para solucionar estos problemas hoy critica, y la comunidad es utilizada como un botín político, una vez más, la Policía del Chaco es la que tuvo que poner el cuerpo, arriesgar sus vidas por un sueldo magro, y salvar los trapos al gobierno de turno. La anarquía es producto de la falta de compromiso social y la irresponsabilidad institucional.

Por Gustavo Olivello.



 

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