El transporte público en el Chaco presenta una situación compleja en la que se entrelazan reclamos salariales, posibles aumentos inmediatos del boleto y sospechas de manejos simbióticos entre empresarios y gremios con un  gobierno que, quedando el medio, deberá tomar medidas y resolver de cuajo este cuadro.

¿Gustavo Larrea, de la Cetach, y Raúl Abraham, secretario general de la UTA, están entongados para sacarle más plata al gobierno?

¿Es real escenario de colusión entre empresarios dueños de los colectivos y el único sindicato de choferes para presionar al gobierno provincial por mayores subsidios?.

A partir de ciertas situaciones se instala con fuerza la sospecha de un "entongue" entre Larrea y Abraham para obtener más beneficios económicos a expensas del usuario, que siempre termina siendo el principal perjudicado por los paros y los repetitivos aumentos de tarifas.

Ahora la preocupación principal radica en la posibilidad de un nuevo paro debido a la supuesta incapacidad de las empresas para pagar la segunda cuota del aguinaldo 2024, deudas salariales y una readecuación de sueldos que equipare los sueldos con los de Buenos Aires.

En el medio, los usuarios del transporte quienes en los últimos meses tuvieron que hacer malabares para pagar los sucesivos aumentos en las tarifas (hoy en 1.150 pesos y 1.300 desde enero, muy factiblemente) y aún así son prisioneros y víctimas de un juego y una disputa política.

Tampoco puede dejarse de lado la falta de intervención del gobierno, que tarde o temprano deberá tomar el toro por las astas.

Otra pregunta: ¿los empresarios del transporte realmente necesitan mayores subsidios, considerando que ya reciben apoyo económico del gobierno provincial y que el valor del boleto fue acordado con un 50% de subvención estatal?. 

Es cuestionable realmente este esquema porque no termina de beneficiar al pasajero, que termina pagando dos veces: el boleto y los subsidios a través de sus impuestos.

¿Cuándo se va a satisfacer la gula de los empresarios? ¿Cuándo el gobierno va a definirse  respecto al transporte público? Tiene dos caminos: o lo estatiza o le dice a las empresas "cobren lo que tengan que cobrar y que usen el colectivo quienes puedan pagarlo”.

La gran pregunta aquí es: ¿qué más quieren los empresarios si no le es redituable este esquema? Qué es lo que hace un comerciante cuando un negocio no es rentable: lo cierra. Y seguramente va a venir otro que va a vender más barato porque la gente nunca deja de comprar.

Si hay algo por lo que se caracteriza el transporte público de pasajeros en esta provincia, en el área metropolitana más precisamente, es que el usuario siempre termina siendo el único perjudicado, rehén de los actores que tienen la responsabilidad de dar respuestas para que el servicio se preste acorde a lo que se paga.

El gobierno anterior les facilitó a las empresas el financiamiento para comprar unidades nuevas. Este gobierno tiene que seguir pagando esos vehículos. El Estado les subsidia el combustible y muchas otras cosas, sin embargo siempre se está a tiro de un paro. ¿Qué más quieren los empresarios? 

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