Una fuerte preocupación sanitaria se instaló en el Chaco y el resto del país tras la decisión del gobierno nacional de restringir el acceso gratuito a la vacuna contra la Fiebre Amarilla, una enfermedad viral con una letalidad reportada de alrededor del 42% en América Latina. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó 350 contagios y 150 muertes en la región, en un contexto donde Argentina ya registra 137 notificaciones por sospecha de casos en lo que va del año, un 30% más que el promedio histórico.

La medida del Ministerio de Salud, que acota la vacunación gratuita solo a las zonas de riesgo endémico (incluyendo departamentos del Chaco, Misiones y Corrientes), obliga a los ciudadanos de otras áreas que deban viajar a regiones afectadas, ya sean turísticas o migratorias, a pagar cerca de $220.000 por una dosis. Esta restricción se mantiene a pesar de un comunicado conjunto de las principales sociedades médicas argentinas, que solicitaron revisar la decisión por considerarla un “riesgo tanto individual como colectivo que puede y debe ser evitado”.

El panorama de riesgo se agrava al considerar que no existe tratamiento específico validado para la Fiebre Amarilla, siendo la vacunación la única herramienta de prevención eficaz. La situación se da en paralelo a la crítica situación del Sarampión, donde el Boletín Epidemiológico Nacional reveló un alarmante aumento del 1650% de casos confirmados en lo que va del año, atribuido a la baja cobertura de la vacuna Triple Viral, que no alcanza al 50% en la segunda dosis.

Desde la cartera de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, la postura es firme: la distribución gratuita de la vacuna contra la Fiebre Amarilla se mantiene solo en territorios de riesgo de circulación, argumentando la necesidad de “optimizar el uso de los recursos del Estado”. Sin embargo, especialistas advierten que este criterio de ahorro pierde sentido ante el riesgo de un brote de una enfermedad que, además de ser altamente letal, puede propagarse internacionalmente.

El llamado de las sociedades científicas es claro: la desprotección de la población frente a enfermedades inmunoprevenibles, en un contexto de avance de los discursos antivacunas –incluso con encuentros convocados en el Congreso–, representa un grave retroceso para la salud pública que afecta directamente a los chaqueños que se desplazan dentro y fuera de la región.