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CHACO - JUDICIALES.

17 de octubre de 2020

Lo sentenciaron a cinco años de prisión efectiva por violencia de género pero sigue libre: “Estoy desesperada”.

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Me pegó durante muchísimo tiempo y nunca lo denuncié.

Casi años después de la denuncia de la sobreviviente de violencia de género Mónica Adriana Kwaszko, la Justicia dictó sentencia contra su expareja Pedro Altamirano, comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional, pero el hombre continúa en libertad y habilitado para adquirir armas de fuego. Tas la declaración de la sentencia el pasado 5 de octubre, Kwaszko salió a reclamar el cumplimiento de la condena a cinco años de prisión efectiva que recibió Altamirano, ya que asegura que continúa en libertad. Además, denunció que la Justicia no le prohibió la tenencia, portación y compra de armas a pesar de que en 2015 la amenazó de muerte con un arma 9 milímetros. “El lunes 5 de octubre, la Cámara Segunda de Resistencia dictó la sentencia en ese expediente por coacciones agravadas, desobediencia judicial, privación ilegal de la libertad, amenazas, etc., de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo contra mi expareja. Lo grave es que habiendo sido condenado, no está preso. Y en la misma sentencia declararon medidas de protección hacia mi persona porque él continúa en libertad”, sostuvo Kwaszko. Y recordó los hechos ocurridos en noviembre de 2015: “Él me apuntó con una 9 milímetros en la cabeza, amenazándome que me iba a matar; arma que no fue hallada en los allanamientos ordenados por la Justicia. A Altamirano le dan una restricción  de acercamiento de mi persona de 500 metros pero no le impiden la tenencia, portación y compra de armas”. “Este potencial femicida está libre y además no le han impedido la tenencia, compra y portación de armas”  Según consta en la sentencia, Altamirano fue condenado “como autor de los delitos de coacción agravada por compeler a una persona a abandonar la provincia en concurso reala, con el delito de desobediencia judicial” a la pena de cinco años de prisión efectiva. “Este potencial femicida está libre y además no le han impedido la tenencia, compra y portación de armas”, denunció la mujer que aún continúa transitando el calvario de haber sobrevivido a la violencia de Altamirano. Mónica contó que tuvo que mudarse de La Leonesa a Buenos Aires ante las reiteradas amenazas de su agresor, y luego de recibir un ataque “por orden de Altamirano” que la dejó con secuelas de por vida: “Fui víctima de lesiones graves, tengo una discapacidad parcial y permanente de mis dos miembros superiores que solamente se corrige con una cirugía porque no me pude rehabilitar con los tratamientos kinesiológicos. Además, mandó a usurpar la vivienda que construimos juntos. Ahí donde me pegaron y me descapacitaron por orden de Altamirano”, recordó. “Me pegó durante muchísimo tiempo y nunca lo denuncié. Pero tuvo que hacerlo porque me iba a volar la tapa de los sesos" En esa línea, apuntó contra el juez Emilio del Río que dictó la sentencia por la “falta de perspectiva de género” ya que pone en duda si quiera que “Altamirano hubiera tenido una 9 milímetros”. “Lo hace a pesar de que hay un informe del Renaper de que él tenía una Carabina Batan y la 9 milímetros anotadas a su nombre y tenía la credencial de usuario vencida. La existencia del armamento y a nombre de él está probado por el órgano nacional”, recalcó y señaló: “Me está pidiendo que pruebe algo imposible, porque él nunca actuó delante de alguien”. Incluso recordó que se incumple “la resolución nacional 15/15, que ordena el desarme de todos los integrantes de las fuerzas de seguridad ante los casos de violencia de género”. Y, en ese marco, denunció que existe “tráfico de influencias porque jamás Altamirano estuvo privado de su libertad o demorado”. “Me pegó durante muchísimo tiempo y nunca lo denuncié. Pero tuvo que hacerlo porque me iba a volar la tapa de los sesos y amenazó a toda mi familia”, recordó sobre lo que motivó comenzar el largo camino que transita para hallar justicia. Mónica señala además que padece a raíz del ataque y posteriores hechos de violencia que sufrió padece “un trauma psicológico, estoy con tratamiento psicológico”. “En esta ocasión, lo deja en libertad, la 9 milímetros todavía no se recuperó en ningún allanamiento y actualmente no le prohíbe que compre, porte y tenga armas a un criminal que tendría que estar preso. Por eso estoy desesperada, porque después de 4 años y 10 meses y un juicio nulo, saca el juez Del Río esta sentencia y no me queda otra que recurrirla en casación”, aseguró.   El proceso “Yo espere 4 años y 10 meses la sentencia”, recordó Mónica y apuntó que el proceso judicial comenzó con la primera denuncia en 2015, aunque no se trató del primer ataque que sufrió por parte de su expareja con quien inició una relación en 2011. Puntualmente, según relata, fue el 16 de noviembre de 2015 que el exintegrante de la fuerza la golpeó fuertemente y le apuntó con un arma. “Fue a su dormitorio, busco su arma, me insultó y me apuntó con una 9 milímetros en la cabeza”. Logró escapar de la situación pero él ala obligó a viajar a Resistencia: “Tuve que pagar con mi tarjeta de crédito los pasajes porque me fui con lo que tenía puesto, no pude sacar plata ni mi ropa de la casa donde convivíamos”, recordó. A su vez, Altamirano le dijo, según recuerda Mónica, “que si me veía en la Leonesa o en Chaco, me iba a matar”. Desde ese entonces, el calvario continuó para Mónica ya que continuaron las amenazas contra ella y su familia e inclusive asegura que no pudo volver a su vivienda en La Leonesa ya que fue “usurpada por un policía de la provincia del Chaco”, a quien Altamirano sostiene a verle vendido la propiedad. Más tarde, el 5 de enero de 2016 el Juzgado de Paz de La Leonesa ordenó una restricción de acercamiento a Altamirano del lugar de trabajo y ámbito de desarrollo social de Mónica. “Él violó varias veces la restricción a lo que motivó llamados al 911 por parte de vecinos, hasta amenazas a mi madre, a quien tuve que sacar del país en 48 horas porque mientras yo estaba reclamando mis derechos en Chaco, él mandaba gente mafiosa para amenazar a una señora de 79 años con discapacidad”, expresó. “A mí, casi se me va la vida y espere casi 5 años para esto”. A finales de octubre de 2017, la Unidad Fiscal Undécima a cargo de Héctor Elio Valdivia clausuró la investigación por violencia de género, y elevó a juicio ante la Cámara del Crimen Nº 2. Sin embargo, no fue hasta el año pasado que inició un primer juicio oral que más tarde fue desestimado y no fue hasta octubre de este año que la Justicia dictó una sentencia. “En septiembre del año pasado comenzó un juicio oral presidido por la actual ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar. El juicio se llevó adelante desde septiembre hasta diciembre de 2019 y cuando la señora fue convocada como ministra se declaró la nulidad de todo el juicio”, explicó. Finalmente, este año un nuevo proceso de juicio oral tuvo lugar en la Cámara Segunda y el juez Del Río dicto sentencia a principios de octubre. Mónica denunció que en el proceso de 2019 “fueron varios testigos, propuestos por Altamirano, a mentir” e inclusive en el nuevo juicio también desestimaron un testigo del condenado, la titular del Registro Civil de La Leonesa: “El fiscal de cámara y el juez entendieron que estaba mintiendo y le ordenaron el traslado por el falso testimonio y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sobre la condena y ante la negativa de prohibirle el uso de armas, Mónica denunció que la Justicia hace caso omiso de que Altamirano “estaba en flagrancia de desobediencia judicial y con una tenencia ilegal de armas, porque estaba inhabilitado por Anamc (el Renar de antes), inhabilitado por la ministra de Seguridad, notificado de que tenía prohibida la tenencia, compra y  portación de armas por el juzgado de Paz de La Leonesa”. “El mismo potencial femicida lo dice en su declaración de imputado, el 9 de marzo de este año, cuando trajo un comprobante de la denuncia del extravío del arma 9 milímetros, con fecha de 2 de enero del año 2020 en la comisaría de La Leonesa.  Es decir, el 16 de noviembre del año 2015 me apuntó en la cabeza. Y el juez se permite dudar si me apuntó con un arma o no, y ante la duda tampoco le impide la tenencia compra y portación de armas”, se lamentó Mónica. Finalmente, adelantó que presentará un recurso de casación ya que no está conforme con la sentencia: “A mí, casi se me va la vida y espere casi 5 años para esto”. Incluso sostuvo que no descarta llegar a “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Fuente informativa: http://www.diariochaco.com

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