La exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, fue absuelta de manera unánime por la Cámara de Casación Penal de la Nación, en un fallo histórico que la desliga de toda responsabilidad en la causa conocida como PIM (Plan de Inclusión Social con Trabajo), que investigaba presunta defraudación en la administración pública. La Sala Cuarta de Casación rechazó el recurso del Ministerio Público y ratificó la inocencia de Ayala, exasesores y empresarios, sentenciando que "no se encontraron pruebas suficientes para mantener las condenas".

La abogada defensora de Ayala, Olga Mongelo, brindó detalles exclusivos sobre la resolución, enfatizando que no se trata de una nulidad, sino de una "confirmación de la inocencia de los imputados". Mongelo calificó el fallo como un "éxito rotundo" para la exfuncionaria y los demás implicados, ya que, además, la decisión "deja sin efecto las medidas que impedían la restitución de los bienes secuestrados" y archiva cualquier otra causa pendiente relacionada con el caso.

La exintendenta celebró la decisión, aunque con un sabor amargo. Ayala había manifestado previamente que el proceso judicial la había "destruido" emocional y físicamente, y en sus declaraciones posteriores a la absolución, expresó su profunda crítica a los tiempos del sistema: "Me robaron 10 años de vida". La larga década de litigio, según sus palabras, representó un sufrimiento "injusto y politizado" que debió enfrentar sin fundamentos.

Desde la elevación del caso a Casación, la defensa argumentó que las contrataciones cuestionadas por la fiscalía habían sido realizadas por el municipio de Quitilipi, sin intervención de las autoridades nacionales, y que no existían pruebas sólidas para involucrar a la exintendenta en un acto de corrupción. El tribunal de Casación, al desestimar los cargos y consolidar esta visión, permite que Ayala recupere su estatus legal y la posibilidad de retomar su carrera política.

La abogada Mongelo también destacó las implicaciones políticas de la resolución, que "beneficia" al gobernador Leandro Zdero al poner fin a cualquier investigación residual que podría haber afectado su gestión. Con la absolución de Aída Ayala, se cierra un extenso capítulo judicial que, según la defensa, sienta un precedente clave: la Justicia debe priorizar la "calidad de las pruebas" sobre las "conjeturas políticas" en causas de alto perfil.