Patricia Ameri, licenciada en trabajo social con una trayectoria de 38 años de servicio en el Estado, dialogó este jueves con Gustavo Olivello y, al aire de Alerta Urbana, denunció su remoción del cargo de Directora de Gestión de Tierras, rol que desempeñó por 13 años en lo que hoy es el Ministerio de la Producción. 

Ameri, de 56 años, está a solo cuatro de jubilarse y considera que su nombramiento como directora, otorgado por decreto del gobierno saliente, fue la culminación de su carrera administrativa.

“Yo cumplí con mi trabajo y me usaron”, afirmó al explicar su situación laboral y dijo que la removieron arbitrariamente de su puesto por apoyar reclamos de empleados despedidos. “Me echaron, me castigaron”, se quejó.  

Ameri, quien fue entrevistada por Olivello acompañada de su abogado Pablo Gleizes, comentó que el gobernador Leandro Zdero revocó el decreto argumentando que se trataba de nombramientos "de último momento". Esta decisión implicó que ella fuera devuelta al Instituto de Vivienda, su lugar de origen, a pesar de que este organismo había firmado a favor de su transferencia.

La empleada estatal aseguró que hizo toda su carrera en el Ministerio de la Producción, apostando su profesión, y siente que su remoción fue un castigo por haber iniciado acciones legales y un acto de "traición". 

Ameri cuestionó que la afiliación política, ya que ella se considera peronista, sea un factor en la carrera administrativa. Además, reveló que nunca percibió el beneficio económico del cargo, a pesar de firmar y ser reconocida como directora de Gestión de Tierras, manteniendo su salario de categoría 8-Profesional. 

Finalmente, relató que fue desvinculada después de haber salido a defender a sus empleados ante los despidos masivos.

Gleizes, abogado patrocinante de Ameri, explicó por su parte que su intervención comenzó al presentar un recurso de amparo para obligar a la administración pública a definir si la ratificarían o no en el cargo.

El gobierno provincial emitió una resolución desafectando a la empleada, basándose en que el expediente administrativo no estaba completo. El letrado refutó esto, afirmando que el expediente judicial contiene la documentación que prueba que la transferencia y los trámites financieros necesarios fueron realizados.

El abogado indicó que están apelando argumentando que la resolución de remoción carece de justificación suficiente. 

Gleizes enfatizó que la trayectoria de Ameri -13 años en el cargo sin haber sido sancionada ni objeto de denuncia- no está siendo valorada y subrayó que, aunque es un tema de organización estatal, la justicia debe intervenir ante esta "injusticia" donde su defendida es quien más pierde.