El empresario Gabriel Romero, una figura central en la Causa Cuadernos, se encuentra en el centro de una nueva polémica judicial. Conocido por sus vastos negocios con el Estado en áreas como los trenes y la hidrovía, Romero fue uno de los arrepentidos clave de la investigación, confesando haber pagado coimas para obtener un decreto favorable a su empresa Hidrovía. Ahora, a poco más de un mes de que comience el juicio oral, el empresario ofrece una millonaria suma de dinero para eludir el proceso judicial, una estrategia que ha generado un fuerte rechazo en el ámbito judicial.

El holding Emepa, propiedad de Romero, se erigió sobre negocios estratégicos con el Estado. A través de Ferrovías, controló la concesión de la línea Belgrano Norte y otras líneas ferroviarias clave del conurbano bonaerense. Pero su negocio más significativo fue la Hidrovía S.A., una sociedad con la dragadora belga Jan de Nul, que controla el estratégico sistema de transporte fluvial Paraná-Paraguay. Fue por la extensión de esta concesión que Romero confesó haber pagado US$600.000 en sobornos.

La confesión de Romero ante el fiscal Carlos Stornelli fue una de las más contundentes del expediente. El empresario detalló que los pagos se realizaron en dos tramos de US$300.000 para conseguir la firma de un decreto que extendía la concesión de la Hidrovía, un negocio por el que se transporta el 20% de las cargas del país. Además, admitió que entregaba un 15% de los subsidios al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y un "retorno adicional" anual de 500.000 dólares para mantener la concesión de Ferrovías.

A pesar de su confesión, Romero se ha sumado al grupo de 40 empresarios que buscan evitar el juicio oral, que iniciará el 6 de noviembre, a cambio de una compensación económica. El empresario ha ofrecido más de 510 millones de pesos, una suma que, según su defensa, extinguiría la acción penal en su contra. Sin embargo, esta estrategia ha encontrado la fuerte oposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la propia fiscalía, que consideran que la "reparación integral" no exime a los imputados de ser juzgados.

La decisión final sobre la oferta de Romero recaerá en el tribunal a cargo de la causa. Este caso podría sentar un precedente importante en el sistema judicial argentino, ya que de aceptarse la propuesta, se abriría una vía para que los empresarios arrepentidos puedan evitar un juicio y una posible condena, a pesar de haber confesado delitos de corrupción. La definición judicial de este caso será clave para entender si la justicia priorizará la "reparación" económica o el castigo a los responsables de los crímenes de corrupción.

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