El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy una denuncia penal contra Madres de Plaza de Mayo por convertir en un “boliche clandestino” una de las sedes de su universidad, que el gobierno nacional le había cedido en 2018. El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

 “Es una grave desviación a los fines para los cuales fue concedido y es una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos”, sostuvo el funcionario. Se trata del inmueble ubicado en Rivadavia al 2700, que es allanado por la Policía Federal, a instancias de una orden del juzgado federal a cargo de María Servini.

“En el tercer piso, donde se hacían las fiestas, vivía una familia, y en los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privada, como una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), donde había banners con la frase ‘vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidenta condenada Cristiana Kirchner”, remarcó Adorni.

Además, sostuvo que el mismo lugar funcionaba la Asociación Civil de Derechos Humanos de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) y la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina. “Sólo en 2023, la universidad recibió del Ministerio el equivalente a 4.000 millones de pesos, y se recibieron 0 alumnos”, señaló.

Sin embargo, Adrián Albor, quien hasta hace un mes fue el secretario de la carrera de Derecho en esa Universidad, le confirmó a Infobae que “desde 2018 que ese edificio no es utilizado por nosotros. Y nunca ocupamos el tercer piso que mencionan”. Las actividades académicas se trasladaron a otras sedes como la de la calle Defensa 119 y el edificio ubicado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón fue usurpado. Incluso le otorgaron el lugar a un Centro de Ex Combatientes de Malvinas que no pudo instalarse allí.

A lo largo del año, el gobierno de Javier Milei adoptó diversas medidas que afectan a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa). En febrero de 2024, la administración canceló el programa televisivo que la asociación mantenía en la televisión pública argentina, decisión que fue denunciada por las Madres como una acción injusta y represiva

A su vez, en julio de 2024, el Ministerio de Capital Humano intervino la UNMa y designó a Eduardo Maurizzio como interventor, lo que generó denuncias de persecución ideológica por parte de la comunidad universitaria. Esta intervención fue suspendida temporalmente en septiembre de 2024 por una medida cautelar interina dictada por la Justicia, que ordenó la reapertura de la sede y el reconocimiento de los órganos universitarios constituidos

En noviembre de 2024, la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín ratificó la suspensión de la intervención y otorgó una medida cautelar por seis meses para garantizar el normal desarrollo de las clases en la UNMa. La jueza Martina Isabel Forns ordenó el envío de fondos a la universidad, el reconocimiento de su Consejo Superior y el cese de cualquier hostilidad policial hacia la institución.