Que estamos transitando la segunda ola de COVID-19 es un hecho indiscutible. El aumento exponencial de contagios y la ocupación creciente de camas de terapia intensiva son los indicadores más significativos de un panorama que promete ser muy complicado, al menos durante las próximas semanas.

Esa es la situación sanitaria objetiva, que con más o menos fuerza según las jurisdicciones, se hace sentir en todo el país. Lamentablemente las coincidencias terminan ahí; la puesta en marcha de un nuevo paquete de restricciones y la polémica sobre las Paso y las elecciones generales embarraron la agenda pública, que debería estar centrada en la vacunación y el sostenimiento de la presencialidad en las escuelas y la actividad productiva.

Hay una cuestión que subyace a todos y cada uno de los movimientos del Gobierno en el último tiempo. Las motivaciones que justifican sus decisiones son de orden político-partidario cuando está claro que la gestión de la crisis exige una racionalidad vinculada a la salud pública. En otras palabras, manejan al Estado como si fuera un partido político.

Detrás de las idas y vueltas sobre el calendario electoral se vislumbra un profundo desinterés en garantizar el derecho a votar de la ciudadanía. Un día es la postergación de las elecciones, otro la suspensión y después la unificación de primarias y generales: aparecen cada vez con una idea nueva, pero esquivan discutir seriamente la implementación de la boleta única de papel, único método —ya probado— que reduce posibilidades de fraude, aporta transparencia, reduce costos y es sencillamente adaptable a los protocolos sanitarios vigentes.

El show que armaron para restringir la circulación nocturna y el transporte público también da cuenta del predominio del oportunismo político en detrimento de la responsabilidad pública. Tergiversan las declaraciones de la oposición e insisten en señalar a la Ciudad de Buenos Aires como el estudiante rebelde e irresponsable. Una película que ya vimos no hace mucho tiempo atrás.

El pecado original del Gobierno no lo encontramos en este año sino en el 2020. Hipotecaron su autoridad al prolongar una y otra vez la cuarentena, cuando la situación epidemiológica y la crisis económica pedían otra cosa. La mala utilización de un recurso escaso como el aislamiento —cuyos efectos vemos hoy en los índices de pobreza e indigencia— afectó sobremanera la confianza de la gente. El vacunatorio VIP fue la gota que colmó el vaso y terminó de dinamitar los puentes que quedaban entre la sociedad y las autoridades.

Apenas unos meses atrás era inimaginable que hubiera varias vacunas disponibles en todo el mundo. Hoy es una realidad. Contamos con la herramienta más segura y eficaz para reducir drásticamente las enfermedades graves y muertes provocadas por el coronavirus. A nivel mundial se suman las voces que piden suspender las patentes durante la pandemia: especialistas calculan que de aprobarse podría llegar a quintuplicarse la producción mundial de vacunas (de 12 a 60 millones de dosis diarias).

Considerando la enorme dificultad para que lleguen las vacunas nos llena de impotencia que la campaña de vacunación en Argentina haya estado signada por promesas incumplidas, demoras inexplicables y actos de corrupción. La premura del Gobierno por volver a restringir, cerrar y prohibir guarda relación directa con la lentitud de un operativo que aún está lejos de inmunizar a la totalidad de los grupos de riesgo. El tiempo perdido, más temprano que tarde, se paga.

Con más de un año de pandemia sobre los hombros roza lo incorrecto seguir hablando de improvisación. Cuando se persiste en los errores, el consenso vuelve a quedar relegado y nuevamente apelan al miedo para disciplinar, ¿no se trata acaso de irresponsabilidad y mala praxis en el ejercicio de la función pública?

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