La AFIP volvió a poner la lupa sobre las estrategias de las empresas para pagar menos impuestos. Sucede que la "planificación fiscal", la información que las compañías y los particulares deberán detallar a partir de ahora, es una herramienta con varias tonalidades de blancos y grises. La Resolución General publicada esta mañana en el Boletín Oficial puso en alerta a los tributaristas: proyectan que podría haber discrecionalidad en la manera en la que se ejecute y que complicaría la confidencialidad.

"Es una resolución que genera más inquietudes que certezas", sentencia César Litvin, de Lisicki Litvin & Asociados. Para el tributarista, el tema tiene "un margen de discrecionalidad" que se irá achicando o agrandando a medida que se empiece a recabar la información requerida. "Las inquietudes están relacionadas con el alcance que esto va a tener; en principio, apunta a situaciones donde se alojan utilidades en estructuras que son 'sellos de goma' y no tienen sustancia", describe.

Entre los escenarios donde AFIP considera que hubo planificación fiscal que deberá ser informada se encuentran el involucramiento de jurisdicciones no cooperantes -como Paraguay- o de baja o nula tributación -como las Islas Vírgenes-; la utilización de sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición y, en el caso de los sujetos, los derechos relacionados a los fideicomisos de cualquier tipo y fundaciones de interés privado constituidos en el exterior.

Litvin señala que, en primer lugar, hay que distinguir el concepto de "optimización de la carga tributaria" del de "elusión tributaria" (más asociado al aprovechamiento de "lagunas legales") y del de "evasión" (que constituye un delito). "Si bien hay antecedentes en el mundo de decisiones que están apuntando a la planificación fiscal abusiva, que cae en la figura de elusión, no hay que desatender lo que dice el principio de legalidad: los contribuyentes no están obligados a hacer lo que no manda la ley", dice. Añade que, si alguna ley tiene inconsistencias o vacíos, se debe resolver en el Congreso y no con mecanismos de este tipo.

Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, agrega que, generalmente, quienes hacen asesoramiento en planificación fiscal aconsejan que se considere la razón de negocios por las que se realizará un movimiento de este tipo. "Siempre se tiene que buscar una razón: no puede ser solamente para pagar menos", aclara.

El tributarista advierte sobre los riesgos a la confidencialidad que esta resolución implicaría para su profesión. Los asesores fiscales son sujetos obligados por esta norma y, en caso de que se amparen en el secreto profesional que rige la relación con sus clientes, deberán notificarlo a la AFIP en el servicio denominado "Régimen IPF".

"Sin perjuicio de ello, el contribuyente podrá relevar al asesor fiscal del secreto profesional para el caso particular o permanentemente", aclara la resolución. Para La Vista, esto es "delicado", porque el deber de informar en el que se está amparando en el secreto ya implicaría romperlo.

En la lucha contra la "erosión" de la base imponible
La búsqueda que AFIP está encarando está relacionada con la lucha contra la erosión de la base imponible, una tendencia a nivel global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo multilateral que se ocupa frecuentemente de este tema y que advierte sobre los riesgos que este tipo de estrategias supone para los ingresos tributarios, la soberanía fiscal y la equidad tributaria.

Así lo aclara el organismo en un comunicado que envió esta mañana: "Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información".

A su vez, se realiza en un contexto en el que hay rumores cada vez más fuertes sobre compañías argentinas que están pensando en trasladar sus sedes al exterior y se populariza la "planificación fiscal" a pequeña escala, con profesionales que exportan servicios que cobran sus trabajos fuera de la Argentina, por ejemplo, para evitar que les liquiden al dólar oficial.

De todos modos, proyectan los tributaristas, la norma apuntará a las grandes estructuras que permiten, por ejemplo, triangulaciones en el comercio exterior con países vecinos (barcos que "salen" de otro país, pero en realidad se cargan en la Argentina) para no pagar retenciones en el país.

El debate por este tema seguirá hacia adelante, advierte La Vista, porque "existen muchas herramientas que no se están utilizando para fiscalizar" y cada régimen de información que se agrega tiene costos administrativos y burocráticos "y poca efectividad", dice.

"El fisco tiene derecho a fiscalizar y a exigir información, pero todo esto tiene un límite, porque uno no puede trabajar para el Estado con la carga administrativa que implica todo esto", añade Santiago Sáenz Valiente, de Santiago Saenz Valiente y Asociados. La preocupación del tributarista tiene que ver con el límite que tiene la AFIP a la hora de poner la lupa sobre la planificación fiscal: "Obligar a las empresas a comunicarle al fisco su estrategia con la excusa de que esto va a ser beneficioso para el contribuyente, porque será el fisco el que va a decir qué está bien o mal, no lo veo razonable", añade.

Para el especialista, el contribuyente tiene el derecho total a hacer una planificación fiscal siempre y cuando no incurra en temas nocivos, no haya simulación y no se vulnere el espíritu de la ley. "A la evasión fiscal hay que combatirla, pero el problema es que la estructura tributaria argentina, por su presión fiscal y su normativa distorsiva, incentiva a la evasión", concluye Sáenz Valiente.

Fuente: La Nación