El trabajador de Sameep que recientemente fue denunciado por pedir favores sexuales a cambio de entregar préstamos personales informales salió este martes al aire de Alerta Urbana para hacer uso de su derecho a réplica tras la publicación en este medio de la presentación en su contra efectuada por una compañera de trabajo.

Mario Eulogio Zalazar, conocido como “Mario Junior”, negó todas las acusaciones y contraatacó: exhibió la denuncia por calumnias e injurias que le hizo a Micaela Gómez, quien lo apuntó por supuestamente pedirle sexo para entregarle un crédito.

“Mario Junior” mencionó que como es candidato a secretario general del sindicato ASESCH, que nuclea a los trabajadores de Sameep, sufre una persecución tanto política como sindical para que baje su postulación.

Tras radicar la denuncia penal por calumnias e injurias contra la compañera de trabajo que lo acusó de condicionar un préstamo, el hombre asegura que esta avanzada en su contra “es una estrategia para forzar su bajada en la contienda gremial.

Zalazar dijo que es un empleado de 59 años de la empresa estatal distribuidora de agua potable y cloacas y que allí lleva 17 años de antigüedad.

El sujeto ahora se encuentra en el centro de una controversia que mezcla una grave acusación de género con una disputa sindical. Frente a la denuncia pública de una compañera de trabajo que lo acusó de pedirle favores sexuales a cambio de un préstamo de $250.000, Zalazar salió al cruce para negar rotundamente los hechos y presentar su propia versión, que incluye una denuncia penal por calumnias y lo que él define como una “persecución” para sacarlo de la carrera por la titularidad de ASESCH.

La situación estalló públicamente cuando se publicó la denuncia de la mujer, quien relató que, el 12 de septiembre pasado, Zalazar le propuso textualmente devolver “la otra mitad yendo a la cama conmigo”. La causa fue radicada en la División de Violencia Familiar y de Género y girada a la MUIIT para su investigación.

Frente a esto, Zalazar no solo desmintió los hechos, sino que activó una contraofensiva. En una entrevista radial, afirmó: “Hice la denuncia penal por daño moral, injurias y calumnias en contra de esta señora”. Para respaldar su inocencia, aseguró contar con evidencia clave: “Yo tengo todos los chats que nos enviamos (…) todo, todo tengo registrado”.

El trabajador vinculó directamente la acusación con el contexto electoral gremial, señalando que “acá en la empresa estamos en plena campaña para el sindicato y empezaron a salir ahora, ahora empezaron a salir un montón de cosas”. 

Esta versión fue reforzada en una presentación formal ante el Directorio de Sameep y en una denuncia policial, donde detalló que, desde que se postuló por la Lista Verde, recibió presiones para que “se baje de la postulación”. Incluso alegó que otros dos candidatos de su agrupación gremial renunciaron ante amenazas similares.

Para zanjar la disputa de versiones, Zalazar solicitó formalmente a la empresa que se analicen las filmaciones de las cámaras de seguridad de la galería donde, según él, ocurrió la conversación, y no dentro de una oficina como alega la denunciante. Mientras la Justicia investiga ambas denuncias -la de la mujer por acoso y la de Zalazar por calumnias-, el caso expone una tensa interna sindical donde una acusación grave se topa con la defensa de una estrategia para torcer una elección.