El escrito tuvo cuatro argumentos base:

Violación de la inmunidad soberana: la Argentina dijo que la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EE.UU., nunca para bienes fuera de su territorio (como serían las acciones de YPF).
Interpretación errónea del derecho de Nueva York: la Argentina consideró que se aplicó indebidamente el “turnover” (entrega de acciones) y explicó que esa norma jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas al caso: el país sostuvo que las acciones de YPF no están en los Estados Unidos y nunca fueron utilizadas en una actividad comercial en ese país ni en la actividad comercial que dio origen al reclamo. Así, concluyó que no se cumplieron los requisitos exigidos por la Ley de Inmunidades Soberanas para avanzar con esos activos.
Violación del derecho argentino e internacional: los abogados del país resaltaron que la orden judicial fuerza a la Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, argumentaron que contradice el principio de cortesía internacional (“comity”) y la doctrina del acto de Estado (“act-of-state doctrine”), pilares de las relaciones entre naciones.

Desde la Procuración resaltaron que el gobierno de Estados Unidos realizó dos presentaciones en apoyo a la posición argentina, en los que advirtió que la orden de Preska no tiene precedentes y que, de confirmarse, pondría en riesgo los intereses norteamericanos en el exterior al abrir la puerta a represalias contra activos de EE.UU. en otros países.