El director regional educativo Manuel Acevedo, confirmó a Alerta Urbana que se encuentra en proceso de revisión la situación de la auxiliar docente Rosilda Morales, desplazada de su cargo en la Escuela de Gestión Comunitaria Bilingüe Nº 1 del barrio Toba de Resistencia.

Durante una entrevista con Gustavo Olivello, Acevedo explicó que el caso de Morales es uno entre varios reclamos presentados por docentes de ese establecimiento y que, debido al carácter comunitario de la escuela, la designación y remoción de personal sigue una lógica particular: el 50% de los cargos se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.

“El alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año”, informó el directivo, al precisar que la firma de la baja fue realizada por la directora de la institución y testigos, ya que la docente se habría negado a firmarla.

Acevedo aseguró también que Morales presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente que será evaluado.

Además aclaró que él no estaba en funciones cuando ocurrió el desplazamiento, ya que asumió el cargo hace apenas dos meses en reemplazo de la anterior directora regional. “Por eso me acerqué al complejo del barrio Toba, para interiorizarme y abordar cada caso particular. Cada situación es distinta y merece ser analizada en profundidad”, sostuvo.

En este contexto, el director informó que asignó a dos directivos de su equipo para trabajar específicamente en el análisis de los reclamos presentados, incluido el de Morales. “Estamos investigando si los procedimientos se ajustaron a normativa, si se cumplieron los plazos administrativos y si se lesionaron derechos”, indicó.

Una de las situaciones que genera mayor inquietud es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Morales. Sobre este punto, Acevedo señaló que también será materia de revisión: “Habrá que investigar si ese reemplazo se produjo en condiciones regulares”.

Consultado sobre los plazos para una resolución, el director regional aseguró que se busca actuar en el corto plazo, aunque advirtió que los reclamos administrativos tienen tiempos establecidos. “En principio, el plazo para presentar una impugnación son cinco días hábiles desde la baja. Si el reclamo no fue hecho dentro de ese término, pierde fuerza. No obstante, revisaremos si existió alguna presentación válida en tiempo y forma”, expresó.

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