La salida del juez Julián Ercolini del juzgado que investigaba la causa de los Seguros cambió drásticamente la marcha del expediente y podría ampliarse con nuevas líneas de investigación. El juez Sebastián Casanello conduce el juzgado justo cuando el expediente entraba en zona de definiciones.

A las actuaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros en dependencias del Estado, se incluye la declaración indagatoria del expresidente Alberto Fernández y otros 38 indagados.

El juez federal repasa todo el caso. Si bien todavía no definió la situación procesal de ninguno de los implicados –tampoco lo hará en el corto plazo–, estudia detalles junto a dos equipos a su cargo.

Casanello busca terminar de consolidar la información que recibió y completar el mapa de las contrataciones de seguros, un entramado que todavía tiene algunas zonas grises.

En los últimos días, ordenó una nueva tanda de medidas que incluyó el pedido de documentación a Cancillería, Fabricaciones Militares y la Casa de la Moneda, tres de las dependencias mencionadas en las conversaciones que mantuvieron María Cantero, la histórica secretaria del expresidente, y su marido, el bróker Héctor Martínez Sosa, uno de los mayores beneficiados en el reparto de las contrataciones. El contenido de muchos de estos chats, que forman parte de la prueba y le dieron luz pública al caso, dan cuenta de que la pareja habría usufructuado su cercanía al poder en beneficio propio.

Estas últimas instrucciones del juez están orientadas a reconstruir con mayor nivel de detalle el contexto administrativo de aquellos mensajes que cruzaron Cantero y Martínez Sosa. No todos están enmarcados en tiempo y espacio, consideró uno de los nuevos investigadores. Además, independientemente de lo que pueda suceder procesalmente con Fernández, no se descarta introducir nuevas líneas en la investigación que abran todavía más el mapa de los seguros.

Como los hechos investigados transcurrieron luego de 2019, en una nueva etapa de la pesquisa podría tener un papel importante la ley de la Responsabilidad Penal Empresaria, una norma sancionada en 2017 que regula la responsabilidad empresas y asociaciones de índole privadas en el ámbito de los delitos por corrupción. Contempla multas, sanciones y suspensiones, entre otras cuestiones. No sería el único nuevo enfoque a adoptar.

Pero todo eso “va a llevar tiempo” y no se esperan definiciones en lo inmediato. La ronda de indagatorias comenzó con la declaración de Fernández en noviembre y terminó en febrero con la de Carlos Soria, un exdirector de Nación Seguros, último en la larga lista de los 39 implicados. Los investigadores irán “caso por caso” para ver qué forma jurídica le cabe a las distintas irregularidades en la que cada uno de ellos podría haber caído.

En la causa Seguros, el cambio en la titularidad del juzgado número 11 debilita parte de la estrategia de Fernández que, al igual que en el otro expediente, arremetió en duros términos contra el juez Ercolini por considerarlo parcial. El cambio de manos en el expediente echó por tierra este argumento.

La “complejidad” del caso obliga al nuevo juez debe revisar una vez más toda la investigación que construyó su colega Ercolini junto con el fiscal Carlos Rívolo. Es una instancia de “estudio”, para llegar a “conclusiones” fundadas.