Argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros "cabecillas" del régimen de ese país.   

Así lo hizo la Cancillería, que consideró que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir semanas atrás, y en comunión con países de la región, Centroamérica, África y Europa, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia, por quien pesa una orden de captura desde el lunes pasado.

Contrariamente al resultado, las actas de fiscales de la oposición daban parciales de 70 a 30 a favor de González Urrutia, por lo que apenas se conoció el resultado del CNE se inició una movilización y una campaña de denuncia masiva en Venezuela y en ampliossectores de la comunidad internacional.

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que conduce Diana Mondino, también repudió la orden de detención que dictó el chavismo contra González Urrutia, en clara sintonía con la  oposición de ese país que lidera la dirigente María Corina Machado.

"La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas", remarca el texto.

La orden de aprehensión contra ex presidencialista venezolano es por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas.