Pese a la reducción de gastos que el Gobierno aplica, hay programas y prestaciones en las que, por el mismo recorte, no puede ajustar. En los primeros ocho meses del año el presupuesto asignado al pago de seguros por desempleo tuvo el mayor crecimiento desde que se tiene registro. Según los datos del presupuesto abierto –cuyos números se pueden consultar desde 2007 en adelante– en 2024 el monto para atender esta prestación pasó de 47.092 a 235.136 millones, es decir, se incrementó un 400%. 

El dato no escapa a la situación del mercado laboral en el país. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Trabajo, en mayo se perdieron 20.300 empleos, con lo que, en comparación con noviembre de 2023, las bajas totalizan 175.000. 

Según puede leerse en la página web oficial, el seguro de desempleo “es una herramienta a través de la cual se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo, reducir el riesgo al desaliento y ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo”. La prestación, aclaran también, está dirigida a trabajadores y trabajadoras asalariados registrados y legalmente despedidos “sin justa causa o por fuerza mayor, o bien que hayan perdido su trabajo por quiebre de la empresa en la que trabajan”. 

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