La resolución se enmarca en una medida cautelar emitida previamente por el juez Walter Lara Correa. Este fallo respondió a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes demandaron al gobierno para que garantizara el derecho a la alimentación en los comedores.

En pleno receso invernal, la justicia habilitó la feria judicial para asegurar que el fallo se cumpla sin demoras. Además, el juez Cormick ordenó que "el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enumerados en su presentación y que afirmó están vigentes", asegurando así la continuidad de los mismos.

La sentencia también contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional revise y audite los programas existentes, e incluso cree nuevos programas complementarios siempre que estos representen mejoras en la distribución y acceso a los alimentos.

Esta decisión judicial llega en un momento crítico para muchos ciudadanos que dependen de los comedores comunitarios para su alimentación diaria. La pronta respuesta del gobierno será crucial para evitar una mayor crisis alimentaria en el país.

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