“Mirá que así como la ingresó en el plan, la saca”. La advertencia salió del teléfono de “Jota” hacia K., una beneficiaria de un plan social que, al parecer, no cumplía con las condiciones para mantenerla activa en el programa Argentina Trabaja. ¿Cuáles eran las condiciones? Entregar la mitad de lo que cobraba, ir a las marchas y traer más interesados. Así se desprende del fallo al que accedió Infobae que dictó la jueza en lo criminal y correccional Alejandra Provítola, cuando procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. Uno de ellos es empleado del Gobierno bonaerense, dirigía a la Sociedad de Fomento “San Pedro”, en Berazategui, y está ligado a “Barrios de Pie”. Ahora falta saber quiénes lideraban esa banda.

Lo curioso es que esta historia tiene un origen similar al de Julio “Chocolate” Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos. La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.

Pero lo que investigó la jueza Provítola y la fiscal Marcela Sánchez comenzó mucho antes, en 2019, y pone el foco en el dinero de las organizaciones sociales.

En este caso, los acusados son José “Jota” Roberto Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Alberto Gil, conocido como “Pegua”, quien trabaja desde hace diez años en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y está a cargo de “Sociedad de Fomento San Pedro” en Berazategui. Su actividad está vinculada a “Barrios de Pie” y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

“Si bien hasta el momento se han identificado 25 víctimas, se desconoce el tenor y la incidencia de la organización criminal a la que pertenecen los imputados -dijo la jueza a la hora de justificar la detención-. Rognoni, Heft y Gil podrían colaborar con quienes aún no fueron identificados hasta el momento como imputados, para dificultar su individualización. Asimismo, los aquí procesados amenazaron a las víctimas ya identificadas, además de extorsionarlas para lograr la concreción y el provecho de los delitos que las damnificaron, de modo tal que las medidas cautelares a imponer deben impedir que los damnificados sean hostigados”.

Todo comenzó en la noche del 5 de diciembre del 2019, en el interior de la sucursal del Banco de la Nación Argentina que está en avenida Callao al 100, a una cuadra del Congreso Nacional. Por ahí estaba el policía Diego Sebastián Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona y vio a dos personas dentro del banco que sacaban dinero de los cajeros con distintas tarjetas. Los sujetos se retiraron del lugar, pero a los dos minutos volvieron. Y siguieron sacando plata con diferentes tarjetas.

Ante la sospecha de que podían tratarse de tarjetas robadas, el policía buscó identificarlos. Eran que Rignoni y Heft. Al acercarse al cajero en donde estaba “Jota” Ragnoni, vio que la pantalla del cajero aparecía el mensaje: ´Bienvenido/a Alejand Claudia Araujo´. El policía no tuvo dudas de que algo andaba mal. Les ordenó apartarse de los cajeros y los revisó. Tenían en su poder al menos cinco tarjetas a nombre de personas que no eran ellos y que tenía con marcador indeleble, cada uno, un número de cuatro cifras: las claves. Además tenían unos 47 mil pesos en efectivo.

En ese momento, Rognoni y Heft quedaron detenidos y se ordenó allanarles la casa. Vivían en departamentos linderos en Berazategui. Cuando la policía revisaba el lugar, apareció Eduardo Gil, alias “Pegua”. Según consta en la causa, en la casa de “Jota” Rognoni se secuestró dos tarjetas de débito, 27 fotocopias de DNI y 27 constancias de CUIL, 12 planillas del Ministerio de Desarrollo Social con nombres, domicilios y firmas de gran cantidad de personas y tres cuadernos con los datos de varias personas y documentación. En su auto aparecieron otras 15 tarjetas de débito más. En la casa de Heft había una nota manuscrita que decía “MAXI TOTAL 156.000″, una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación.

En ese momento fueron excarcelados y quedaron procesados como coautores de defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades. Pero la investigación siguió su curso: se pidió documentación, se citó a declarar a los dueños de las tarjetas y se analizaron los teléfonos de los implicados. Y en base a eso, la jueza Provítola ordenó en las últimas horas ampliar la acusación a los tres sospechosos.

Hubo un dato que la jueza recién pudo comprobar mucho después, con el análisis de las antenas de sus celulares: “Pegua” se encontraba presente junto a sus dos cómplices al momento de extraer el dinero correspondiente al pago del subsidio que ilegítimamente le retenían a cada una de las víctimas el día que descubrieron a los otros dos implicados en el cajero del Congreso, señaló el fallo.

En sus indagatorias, todos se negaron a declarar. Ahora quedaron procesados y detenidos, bajo la modalidad de arresto domiciliario y con tobillera electrónica. Tiene prohibido contactar a cualquiera de las víctimas. Se descuenta que las defensas apelarán.

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