Con el fin de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos", el Gobierno eliminó alrededor de 1.600 Registros de la Propiedad Automotor de todo el país. "Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos", informó el Ministerio de Justicia.

En consecuencia, el gremio que agrupa a los trabajadores registrales convocó a un paro para el próximo lunes a partir de las 8:30hs. La medida de fuerza permanecerá hasta que la cartera que administra Mariano Cúneo Libaron convoque a los trabajadores a discutir el cierre de los puestos de trabajos. 

“En este marco, no habrá recaudación ninguna para girar a dicho Ministerio. La medida abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales en toda la República Argentina”, indicó el gremio en un comunicado.

Por otra parte, los trabajadores del Registro del Automotor se mostraron "absolutamente seguros" de que el Ministerio de Justicia "velará y responderá por la seguridad jurídica registral de los ciudadanos" hasta que la cartera esté "en condiciones de entablar diálogo" con el sector.

A través del DNU 70/2023, el presidente Javier Milei había establecido en el artículo 364 el 2 de mayo como el día para la puesta en marcha del nuevo Registro de Automotor "remoto, abierto, estandarizado y accesible".

Sin embargo, un día después de vencido ese plazo, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Afines (DNRPA), que depende del Ministerio de Justicia, publicó las nuevas disposiciones, algunas de las cuales son de aplicación inmediata 

Por medio de un comunicado, la cartera puntualizó que también se reducirá el 30% del personal de la DNRPA "en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

"De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la DNRPA y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas", detalladas por la cartera de Justicia:

Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

Se eliminará la "Cédula azul": a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

Se eliminará el vencimiento de todas las "Cédulas verdes".

Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

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