Mientras avanza con la licuación del gasto público, el Gobierno de Javier Milei aplica la motosierra sobre el organigrama del Estado. A través de dos decretos, este lunes dispuso la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y, además, ordenó modificar el Impuesto PAÍS para reducir al mínimo el reparto que recibía, hasta ahora, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Esta noche, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 192/2024 que deroga el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020 mediante el cual el Gobierno de Alberto Fernández creó el fondo para el fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.

Días atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, mediante una carta enviada por Pablo López, titular de Finanzas de la provincia, "el inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024 relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires".

En la misiva, López solicitó el pago de las sumas no abonadas y su correspondiente actualización de lo pactado en el Convenio complementario a las compensaciones del Consenso Fiscal 2017 "así como exigimos la inmediata normalización del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Interior, en materia de transporte".

"La regularización de estos pagos es fundamental para el normal funcionamiento de la gestión pública provincial", señalaron desde Buenos Aires.

La respuesta de Milei llegó esta noche con la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires mediante el mencionado decreto, agravando aún más la disputa con las autoridades provinciales.

En paralelo, esta noche la administración nacional avanzó también con la modificación por decreto del Impuesto PAIS, creado en 2020 por Alberto Fernández.

El decreto 193/2024 firmado por Milei, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro Caputo, ordenó modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el mencionado tributo, afectando principalmente los ingresos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno anterior para la urbanización de barrios populares.

A partir de este lunes, el FISU, que hasta ayer recibía la tercera parte de ese 30%, ahora verá reducido su financiamiento a la mínima expresión ya que apenas recibirá un 1%.

"La asignación específica del treinta por ciento (30 %) establecida en el inciso b) del artículo 42 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones será distribuida de la siguiente manera: a. Al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias, para el financiamiento de obras de vivienda social: el uno por ciento (1 %). b. A obras de infraestructura económica: el noventa y cuatro por ciento (94 %). c. Al fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5 %)”, señala el decreto.

QUÉ ES EL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)

El FISU se convirtió en el centro de la discusión en las últimas semanas luego de que desde el propio gobierno lo señalaran como una "caja negra" del dirigente social Juan Grabois. Sin embargo, en las últimas horas, el actual Secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, afirmó que no se hallaron pruebas que justifiquen dichas acusaciones y valoró el uso que se le dio al FISU durante la gestión anterior.

"En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas; es más, si no fue la única secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo", afirmó y agregó: "Lo que estoy viendo hoy es más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto de más del 80% ejecutado".

Grabois aseguró que las acusaciones provenían de Caputo para generar "una operación de desprestigio" en su contra y "sacarle presupuesto a los barrios populares".

Pareja explicó que se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde fue informado que "promueven como un ejemplo el trabajo llevado a cabo por Miño" y "especialmente el programa Mi Pieza".

El BID publicó un trabajo de 81 páginas titulado "Impacto de los Programas de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstrucción: Evidencia para Barrios Populares de Argentina". La Universidad Católica Argentina (UCA) también armó un informe específico sobre Mi Pieza, con conclusiones positivas.

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