“He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros (sic), participe de la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, sostuvo el presidente Alberto Fernández el pasado 7 de marzo, al referirse a las urgentes medidas adoptadas para paliar la situación de gran inseguridad imperante en el gran Rosario.

A diez días del sorpresivo anuncio, poco es lo que se ha avanzado en la implementación de la orden dictada por el Presidente en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA). Y no precisamente por rebeldía o mala voluntad de funcionarios civiles y militares del área de defensa, sino más bien por la falta de precisiones operativas, logísticas y -por sobre todo- por la ausencia de voluntad política para brindar a los efectivos militares la seguridad personal que requieren al tener prohibido portar armas por imperio de la ley de Seguridad Interior.

“El Ejército al igual que el resto de las FFAA recibe con gusto toda orden que implique llevar ayuda a sectores vulnerables de la sociedad civil, pero la idea de mandar militares a un territorio francamente hostil a cualquier esbozo de autoridad no puede ser soslayado. Necesitamos que se marque una clara diferencia entre lo que es la intromisión militar en tareas de seguridad interior a lo que atañe a la propia protección personal de los efectivos militares. No es un planteo militar es un pedido basado en el sentido común que indica que se debe permitir al personal portar sus armas de puño exclusivamente para su propia protección”, explicó una alta fuente militar.

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