El escándalo por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes en hospitales del conurbano bonaerense sumó un nuevo capítulo. Este miércoles, José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, tras haberse negado a declarar en su primera citación. 

Con esta presentación, se cierra la ronda de indagatorias en la causa que investiga la elaboración del lote 31202, vinculado a los fallecimientos. El juez Kreplak ya está en condiciones de definir los procesamientos de los 17 imputados, siete de los cuales permanecen detenidos. Aunque el plazo formal vence este jueves, la nueva declaración podría extender la decisión algunos días más. 

Entre los acusados más comprometidos figura Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio Ramallo S.A., donde se elaboró el fentanilo adulterado. También están imputados sus hermanos, su madre y su abuela, todos exintegrantes del directorio. La fiscal Laura Roteta y el juez Kreplak analizan acusarlos por homicidio culposo o doloso. 

Otro de los señalados es Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios, quien habría estado presente en momentos clave de la producción del lote cuestionado. 

La investigación también avanza sobre posibles responsabilidades estatales. Hubo allanamientos en oficinas de la ANMAT, el INAME y domicilios de exfuncionarios, entre ellos Gabriela Mantecón Fumadó, desplazada tras conocerse que ignoró durante semanas un informe interno que alertaba sobre “fallas graves” en el laboratorio Ramallo. 

En las últimas horas, un testimonio agregó más tensión al expediente. Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción del laboratorio, declaró que una técnica de control microbiológico admitió haber detectado contaminación en una muestra, pero no haberlo informado por “olvido”. La escena habría generado una fuerte discusión con los directivos. 

Si bien la Justicia analiza con cautela estas declaraciones, el relato de Darchuk refuerza la hipótesis de negligencias internas graves. El caso se encamina hacia una definición clave: los procesamientos que marcarán el rumbo judicial de uno de los mayores escándalos sanitarios del país en los últimos años. 

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