El gobierno de Honduras anunció que suspenderá garantías constitucionales en las dos principales ciudades del país con el fin de terminar con los grupos criminales dedicados a la extorsión, narcotráfico y el sicariato.

El estado de excepción, que se prolongará por 30 días, será aplicado a partir del martes en algunas de las zonas más pobres de la capital, Tegucigalpa, y la norteña ciudad San Pedro Sula. Las dos regiones han sido asoladas por un "impuesto de guerra" que tiene en jaque a pobladores, comerciantes y transportistas.

"El estado de excepción parcial entrará en vigor el martes 6 de diciembre a las 6 pm por treinta días, para impulsar la gradual actividad de desarrollo económico, inversión, comercio y en los espacios públicos", dijo la secretaría de Seguridad en un comunicado.

La medida espera sea avalada en una sesión del consejo de ministros, forma parte de un proyecto de la administración de la presidenta Xiomara Castro para hacer frente a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otros.

Una "estrategia" fuera de la Constitución

Este plan de lucha contra los grupos criminales fue adoptado por el Gobierno en medio del alza de denuncias de ONGs, empresarios y pobladores que aseguran que la presencia de las bandas y su actitud extorsiva se ha incrementado en los últimos meses.

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