La audiencia está prevista para este martes a las 12 en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Luis Sáenz.

La demanda del Presidente tiene por objetivo que la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta. Si Bullrich no se retracta, avanzará la demanda.

El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.

"La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo", anunció  en su momento Dalbón.

La conciliación prevista para este martes es diferente a la anterior dado que la misma será ante el juez del caso y, si Bullrich no cambia de postura, el caso se abrirá a prueba y comenzará a investigarse si efectivamente difamó al jefe de Estado cuando, durante una entrevista televisiva, dijo que el Gobierno intentó colocar un "socio local" en las negociaciones con Pfizer como intento de obtener un "retorno" a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después. Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el gobierno nacional y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central. "En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer.

Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.

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