Dos condenados a muerte en Oklahoma pidieron ser ejecutados mediante fusilamiento, con tal de postergar su ejecución por inyección letal, informó al juez uno de los abogados de los presos. Los dos presos, Donald Grant y Gilbert Postelle, le pidieron al juez Stephen Friot suspender temporalmente sus ejecuciones hasta que se pueda realizar un juicio sobre si el método usado por Oklahoma para aplicar la pena de muerte, de inyectarle tres tóxicos al preso, es constitucional.

Un juicio en torno al tema debe empezar el 28 de febrero, presidido por Friot, pero el magistrado ha aclarado que, para considerar la denuncia, los denunciantes deben ofrecer un método alternativo de ejecución. Grant y Postelle hasta ahora no habían propuesto otro método de morir. Sus fechas de ejecución son el 27 de enero y el 17 de febrero, respectivamente.

“Si bien parece grotesco, nosotros coincidimos en que será una muerte más rápida”, declaró el abogado Jim Stronski al juez Friot el lunes tras una audiencia en Oklahoma City.

Casi una treintena de condenados a muerte que participan en la demanda habían accedido antes a presentar opciones en sus métodos de ejecución, como combinaciones distintas de fármacos o por pelotón de fusilamiento, uno de los métodos de ejecución autorizados por las leyes de Oklahoma.

Friot no emitió una decisión el lunes, pero avisó que espera poder emitir una orden para fines de la semana.

“En este tema hay una gran cantidad de interrogantes sobre las que tengo que ponderar”, expresó Friot.

Entre los expertos que testificaron estuvo el doctor James Williams, quien tiene más de 40.000 horas de experiencia como médico de salas de emergencia en Texas y quien ha estudiado detenidamente el uso de pelotones de fusilamiento.

Williams, quien sufrió un balazo en el pecho, testificó que, si un preso es fusilado con cuatro tiros al área cardíaca, la muerte vendría tan rápido que el preso no sentiría dolor. Añadió que, a diferencia de las inyecciones letales, hay muy poca probabilidad de que fracase una ejecución.

Oklahoma nunca ha usado los fusilamientos como método de ejecución, pero las leyes actuales los permiten si otros métodos, como las inyecciones letales, son calificados de inconstitucionales o si de alguna forma inaplicables.

El Departamento Penitenciario de Oklahoma actualmente no tiene protocolos para ningún tipo de ejecución que no sean las inyecciones letales.

Friot también escuchó el testimonio de Justin Farris, jefe de operaciones del Departamento Correccional, sobre las recientes inyecciones letales de los condenados a muerte John Marion Grant y Bigler Stouffer a fines del año pasado.

Farris, que estuvo dentro de la cámara de ejecución en ambas ejecuciones, describió las dos inyecciones letales como “en extremos opuestos del espectro”.

Grant, quien fue declarado muerto después de vomitar y convulsionar en la camilla, estaba enojado, lanzaba palabrotas y se resistía a la ejecución tratando de flexionar los brazos y las piernas, dijo Farris. Stouffer, por otro lado, “fue tan cortés como te puedes imaginar dadas las circunstancias”, dijo Farris.

Farris también testificó que el médico que inserta las vías intravenosas y ayuda a supervisar las inyecciones letales recibe un pago de USD 15.000 por cada ejecución a la que asiste, así como USD 1.000 por cada día de entrenamiento. La política del DOC prohíbe la divulgación de los nombres de los miembros del equipo de ejecución, y el médico usó una máscara durante las ejecuciones de Grant y Stouffer.

Los estados y el gobierno federal de EEUU llevaron a cabo 11 ejecuciones en 2021, la menor cantidad desde 1988, ya que el apoyo a la pena de muerte sigue disminuyendo, según un informe anual sobre la pena de muerte publicado en diciembre, que también criticó duramente a la Corte Suprema y su papel en dar luz verde a las ejecuciones.

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