La Cámara de Diputados dio un paso significativo en su conflicto con el Poder Ejecutivo al conseguir dictamen de mayoría para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la decisión de no aplicar la Ley de Discapacidad. La medida fue tomada por el Gobierno con el argumento de que el Congreso no dispuso el mecanismo de financiamiento para una norma que requiere una asignación de 3 billones de pesos para ser instrumentada este año.

El dictamen se logró en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en cumplimiento con el emplazamiento aprobado la semana pasada. El despacho de mayoría fue avalado con 29 firmas de bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, y Encuentro Federal. En contrapartida, el oficialismo y el PRO firmaron un dictamen de minoría, argumentando la diputada Silvana Guidici (PRO) que la moción de censura utilizada como herramienta partidaria podría generar un intento de desestabilización.

El autor del proyecto, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), aclaró que el objetivo no es personal, sino constitucional, ya que el Jefe de Gabinete firmó el decreto que suspende la aplicación de una ley sancionada. Agost Carreño advirtió que el Congreso no puede "fingir demencia" cuando el Gobierno "dice que no va a cumplir con una ley, ahí se rompe el estado de derecho". Por su parte, Daniel Arroyo (UxP) calificó la situación como un "hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad".

Aunque se avanzó con firmeza en la interpelación, se diluyó la posibilidad de impulsar un voto de censura a Francos, ya que varios bloques "dialoguistas" se opusieron a utilizar este mecanismo. De todos modos, el dictamen de mayoría deberá ser considerado en el recinto de sesiones, donde se votará la interpelación y se definirá la fecha en la cual el funcionario deberá concurrir a exponer ante los diputados.