Miercoles
17 de Septiembre de 2025
ACTUALIDAD
17 de septiembre de 2025
Se trata de Alfredo Benítez, que era subsecretario de Atención a la Dependencia, Infraestructura de Cuidados y Promoción del Envejecimiento Saludable
El gobierno provincial decretó la cesantía de Jorge Alfredo Benítez, ex subsecretario de Atención a la Dependencia, Infraestructura de Cuidados y Promoción del Envejecimiento Saludable del Ministerio de Salud. La medida se basa en las inasistencias injustificadas del funcionario a su lugar de trabajo desde el 9 de diciembre de 2023, fecha en la que debía reintegrarse al actual Ministerio de Desarrollo Humano a sus funciones después de finalizar su licencia por función superior.
El decreto firmado este martes establece la "sanción expulsiva de Cesantía" para Benítez. La decisión se tomó tras un sumario administrativo que, según el documento, "cumplimentó todos los requisitos del debido proceso y se respetó el legítimo derecho de defensa".
El sumario administrativo contra Benítez se inició por una resolución del Ministerio de Desarrollo Humano. La investigación concluyó que Benítez incurrió en inasistencias injustificadas después de que venciera su licencia por haber cumplido funciones superiores. A pesar de que Benítez, representado por su abogada, intentó justificar su inasistencia a una audiencia argumentando que debía prestar servicios en la Unidad Médica Educativa de Presidencia Roque Sáenz Peña, se confirmó que las ausencias no fueron comunicadas ni justificadas adecuadamente.
La Asesoría General de Gobierno, tras analizar el caso, aconsejó sancionar al exfuncionario con la cesantía por haber transgredido la Ley del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial. Aunque Benítez no registraba antecedentes disciplinarios, su conducta fue considerada negligente al no justificar sus ausencias ni comunicar los motivos a sus superiores. El decreto aclara que las ausencias no generaron un perjuicio económico adicional para el Estado, ya que el funcionario no percibió haberes durante ese período.
Con esta medida, el gobierno provincial aplica una sanción disciplinaria severa, fundamentada en la obligación de los empleados públicos de sujetarse a un régimen estatutario que impone deberes y pautas de conducta preestablecidas.