El jurado popular del tribunal de Río Cuarto resolvió absolver a los dos principales acusados por el caso Solange Musse. Se trata de José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, que eran los apuntados por impedir el ingreso de un papá a la provincia de Córdoba para despedirse de su hija.

Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, fue absuelto por mayoría del jurado popular, mientras que Morales, trabajadora social del Hospital de Río Cuarto e integrante del equipo de epidemiología del COE Regional, fue absuelta por unanimidad.

Ambos estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, por haber participado en el operativo que impidió que Pablo Musse ingresara a Córdoba para acompañar a su hija, quien cursaba un cáncer de mama en estadio avanzado.

El hombre se retiró del tribunal con lágrimas en los ojos. Asimismo, esta decisión cierra un proceso judicial que incluyó audiencias con exfuncionarios, médicos y agentes del COE, en el marco de las restricciones por la pandemia.

Según la acusación, el 16 de agosto de 2020, Musse intentó entrar a la provincia por el puesto sanitario ubicado en Huinca Renancó, acompañado por su cuñada Paola Oviedo, con domicilio en Alta Gracia y discapacidad motriz. Ambos contaban con los permisos de circulación emitidos por el gobierno nacional bajo la causal de fuerza mayor, y el permiso de “regreso a casa” para Oviedo. Sin embargo, no tenían el resultado de un test PCR negativo con 48 horas de vigencia, exigido entonces para ingresar al territorio provincial. Les realizaron dos test rápidos, cuyos resultados fueron luego calificados como falsos positivos, y se ordenó su retorno a la localidad neuquina de Plottier en un operativo de encapsulamiento acompañado por patrulleros.

Cinco días más tarde, Solange Musse murió sin haber podido reencontrarse con su padre.

RESPONSABILIDADES

El fiscal del caso, Julio Rivero, sostuvo en su alegato que tanto Andrada como Morales eran responsables de la decisión de impedir el ingreso. Afirmó que el protocolo 48, vigente en ese momento, contemplaba flexibilidades en casos de fuerza mayor y que Musse debió haber sido trasladado al Hospital de Río Cuarto para realizar allí el PCR. También señaló que se vulneraron los derechos de una persona con discapacidad, en referencia a Oviedo. “Ojo con eso de buscar responsabilidades hacia más arriba”, advirtió Rivero durante la audiencia, y solicitó un año y seis meses de prisión para los dos imputados.

Además, pidió que se declare a Solange Musse y su familia como víctimas de violencia institucional y que se coloque una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba, donde ocurrió el hecho.

La defensa, en cambio, argumentó que ni Andrada ni Morales tuvieron responsabilidad directa en la decisión final. Alegaron que el operativo fue producto de una estructura jerárquica más amplia y que sus imputaciones respondían a deficiencias en la investigación. A lo largo del juicio, declararon exministros, médicos, policías y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Algunos testigos defendieron la aplicación estricta del protocolo en un contexto sin vacunas y con alta circulación viral; otros reconocieron que se pudo haber contemplado una excepción humanitaria.