El fondo buitre Bainbridge presentó un nuevo reclamo judicial en Estados Unidos para cobrar una sentencia por US$95 millones contra la Argentina por los bonos impagos del default de 2001. En un escrito enviado a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el fondo solicitó que se le entreguen las acciones que el Estado argentino posee en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación como forma de pago de ese fallo.

La presentación, realizada el martes 3 de septiembre, señala que, a pesar de haber obtenido una sentencia firme en diciembre de 2020 por US$95.424.899,38, el monto "permanece completamente impago hasta la fecha". Ante esta situación, Bainbridge le pidió a Preska que autorice la transferencia de los intereses de propiedad del Estado argentino en esas dos compañías estatales, depositando los activos en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York y, finalmente, transfiriendo su titularidad al fondo.

Bainbridge es uno de los fondos que no aceptó los canjes de deuda ofrecidos por Argentina tras el colapso de 2001. Se mantuvo fuera de las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2016, y llevó su caso ante la justicia de Nueva York, que en 2020 le dio la razón. Desde entonces, el fondo ha intentado cobrar su fallo a través de distintos mecanismos de embargo, con resultados mixtos. Por ejemplo, en 2023, había solicitado quedarse con parte de las reservas del Banco Central, un planteo que fue rechazado por Preska.

La situación actual se asemeja al caso de Burford Capital, conocido por su rol en el caso YPF, que pidió la ejecución de acciones de la petrolera estatal como forma de pago de su sentencia. Aunque Preska accedió a la solicitud, la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden y aún analiza si la confirma o la revoca. Expertos en derecho internacional han señalado que no existen antecedentes firmes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras.

Mientras el país acumula reveses en los tribunales neoyorquinos, el gobierno argentino tiene la posibilidad de apelar la medida y solicitar que se suspenda su aplicación hasta que la Cámara se pronuncie, tal como sucedió en los casos anteriores. Sin embargo, la semana pasada la jueza Preska rechazó otro planteo de la defensa argentina en el litigio por YPF, lo que demuestra la complejidad y el difícil panorama judicial que enfrenta el país en el exterior.

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