El juez federal Sebastián Casanello dispuso este viernes el allanamiento de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y controlar su obra social, OSPRERA. La causa involucra al secretario de Estado Cordero, al diputado nacional Pablo Ansaloni y al interventor de OSPRERA Marcelo Petroni, quien según la investigación mantiene vínculos con dirigentes libertarios y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como con Martín y Lule Menem. 

La investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por el secretario general de UATRE, José Voytenco, quien acusó a Ansaloni y a otros funcionarios de planear la intervención del sindicato y apropiarse de su obra social tras perder las elecciones internas en 2022. Entre los elementos recabados por el fiscal Guillermo Marijuan se incluyen registros de reuniones, audios de WhatsApp y documentación administrativa que evidenciarían coordinación entre los implicados. 

Según los chats analizados, el interventor Petroni afirmaba: “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de UATRE. Me consta”. En otros mensajes, daba instrucciones a colaboradores para mantener informados a Martín y Lule Menem sobre los avances del plan. También se documentaron encuentros con el secretario de Trabajo y otros funcionarios, así como reportes sobre reuniones en la Casa Rosada. 

Desde la intervención de OSPRERA a fines del año pasado, Petroni autorizó transferencias por 7.700 millones de pesos hacia la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, vinculado a otras investigaciones. 

La Fiscalía solicitó la indagatoria de seis personas, incluyendo a Ansaloni, Cordero, Claudio Aquino y Petroni, por presunta corrupción y tráfico de influencias, con base en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Entre las pruebas reunidas se incluyen dispositivos electrónicos incautados, grabaciones de cámaras de seguridad y documentación de reuniones clave que evidencian el plan de intervención. 

El caso refleja un entramado complejo que vincula decisiones sindicales, manejo de la obra social y contactos con funcionarios nacionales, y sigue bajo análisis judicial para determinar responsabilidades y eventuales acciones penales. 

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