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28 de Agosto de 2025
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28 de agosto de 2025
Otro hecho a priori polémico envuelve al funcionario nacional
En 2014 quedó inscripta en el Registro Público de Comercio del Chaco la sociedad de responsabilidad limitada HOFIREK, integrada por los comerciantes Luis Alberto Rodríguez Hofirek y Alfredo Rodríguez, ambos con domicilio en el NEA.
El objeto social de la firma es la construcción de inmuebles propios o de terceros, tanto públicos como privados, incluyendo obras de arquitectura, infraestructura vial, hidráulica, electromecánica, industrial y civil en general.
En las últimas horas llegó a la redacción de Alerta Urbana documentación que genera preocupación. Se trata de una factura emitida por HOFIREK a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con domicilio en Catamarca 134 de la ciudad de Resistencia.
La supuesta factura, que nos hacen llegar, con fecha del 17 de marzo de 2025, detalla la provisión de una estructura metálica por un valor de $ 850.000, una lona impresa por $ 300.713 y mano de obra por $ 400.000, alcanzando un total cercano al millón seiscientos mil pesos.
El dato llamativo es que el director regional de ANSES en Chaco es Alfredo “Capi” Rodríguez, sería el hijo y hermano de los supuestos responsables de la firma proveedora. Esto abre un fuerte cuestionamiento por una posible incompatibilidad e intereses cruzados, ya que la empresa familiar estaría contratando con el organismo nacional bajo la gestión de un familiar directo.
Así también nos dicen que quizás uno de los responsables de dicha empresa ya no estaría entre nosotros.
A las causas de afiliaciones truchas y los supuestos pedidos de coimas que ya se investigan, se le sumaría un hecho más conforme al posible delito que podría configurarse de ser real y efectivo este vínculo comercial entre la empresa supuestamente familiar del director regional de ANSES y el propio organismo que él mismo conduce en la provincia, con competencia en todo el NEA.
De confirmarse estas transacciones, la situación podría derivar en presentaciones administrativas o judiciales para revisar la legalidad de los contratos y la transparencia de los procesos de compra en el organismo.