La administración de Javier Milei profundiza su revisión de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) con el objetivo de detectar irregularidades en su otorgamiento. Como parte del proceso, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) licitó el envío de 720 mil cartas documento para notificar a beneficiarios en todo el país, en lo que sería el siguiente paso tras la baja de más de 110 mil prestaciones ya identificadas como irregulares.

El operativo fue anunciado en febrero por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien adelantó que se exigiría a los beneficiarios presentar documentación que justifique su derecho a la pensión. Según datos oficiales, además de las suspensiones por falta de requisitos, se detectaron 8.107 casos de personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

Aunque la licitación no implica que todas las notificaciones deriven en suspensiones, fuentes gubernamentales confirmaron que el volumen refleja un proceso significativo. "A veces hay que enviar dos cartas documento", explicaron, detallando que las empresas postales deberán cumplir plazos estrictos de entrega, con hasta dos intentos de notificación antes de devolverlas al remitente.

El Gobierno estima que el presunto desvío de fondos en estas pensiones ronda los 1.000 millones de dólares anuales. Tras las primeras bajas, el ahorro fiscal alcanzaría los $35 mil millones mensuales. No obstante, admiten que el proceso enfrenta obstáculos: un 60% de los beneficiarios no presentó la documentación requerida, y hay domicilios que no pudieron ser localizados.

En conferencia de prensa, Adorni cuestionó el crecimiento "estratosférico" de estas pensiones, que pasaron de 80 mil en 2003 a más de un millón en 2015. "Argentina no sufrió guerras ni catástrofes naturales que justifiquen este aumento", afirmó, comparando la tasa de beneficiarios local (4,6%) con la de Israel (3,5%), país en conflicto bélico permanente.

Mientras avanza la auditoría, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue generando debate. La norma, rechazada por el Ejecutivo, buscaba actualizar aranceles congelados desde 2024 y reformar el sistema de pensiones no contributivas, con vigencia hasta 2027.

El oficialismo insiste en que su estrategia apunta a eliminar "privilegios" y ordenar las finanzas públicas, aunque organizaciones de derechos humanos y opositores advierten sobre el impacto social de las suspensiones, especialmente en un contexto de ajuste económico. La polémica promete extenderse a medida que más beneficiarios reciban las notificaciones.