La Policía secuestró el domingo por la tarde, en la intersección de calle Fortín Aguilar y avenida Las Heras, dos camiones, que registraban un pedido activo de secuestro desde el 4 de agosto de 2020 a solicitud de la Justicia Federal.
Al momento del control ambos rodados fueron verificados y presentaban numeración sin anomalías aparentes; no obstante, el sistema oficial indicaba que estaban vinculados a pedido judicial de incautación. Tras la constatación, los camiones fueron trasladados a la Comisaría Séptima de Resistencia para los trámites legales correspondientes.

El dato más inquietante de la situación es que Alerta Urbana pudo saber esos dos camiones habrían seguido prestando servicios al municipio de Resistencia hasta fechas muy recientes, pese a tener orden de secuestro vigente. Se afirma que esos vehículos pertenecían al empresario Alejandro Fischer — quien fue exyerno de la exintendenta Aída Ayala.

Este episodio adquiere una gravedad particular dada la trayectoria judicial en que está involucrado Fischer. En el juicio de la causa conocida como PIMP, Alejandro Fischer fue condenado como partícipe necesario en los delitos de fraude contra la administración pública y lavado de activos a una pena de 6 años y 6 meses de prisión, en tanto que la exintendenta Ayala recibió una condena condicional de 3 años por fraude, con inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. 
El fallo judicial del Tribunal Oral Federal de Resistencia incluyó consideraciones críticas sobre cómo las empresas vinculadas a Fischer habrían operado durante la gestión Ayala con un trato “preferencial y laxo en materia de control municipal”, bajo esquemas que, según los magistrados, favorecieron maniobras de direccionamiento y apropiación indebida de fondos públicos. 

El caso del secuestro reciente de los camiones —con pedido activo que data de 2020 pero aparentemente en uso— abre múltiples interrogantes de control institucional, auditoría municipal, responsabilidad política y judicialización de los actos de gobierno.
Lo cierto es que el hecho de que un vehículo sujeto a un pedido judicial esté vinculado a un empresario ya condenado en una causa de corrupción municipal alimenta cuestionamientos sobre la penetración política y económica hacia estructuras estatales.

La presentación formal del secuestro por la División Patrulla Preventiva —con intervención policial verificadora y traslado de los rodados— es un punto de partida, pero el desafío mayor será que esa acción no quede como un acto aislado, sino que sea el disparador de una rendición de cuentas más profunda en la relación entre lo público y lo privado en Resistencia.