En un movimiento político que hasta hace poco era impensado, referentes de los derechos humanos en Argentina, que en el pasado mostraron un abierto apoyo a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han emitido un enérgico reclamo contra el régimen venezolano. Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se pronunciaron públicamente para condenar la desaparición de la activista Martha Lía Grajales.

Grajales, una abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista, fue detenida el 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas. Según el pronunciamiento de las Madres, firmado por María Adela, se pide "la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva".

Este pronunciamiento, junto a la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), marca una ruptura significativa. En el pasado, estas organizaciones y figuras se mantuvieron en silencio o incluso defendieron al gobierno venezolano ante denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ahora, por primera vez, expresan públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen de Maduro, algo que la activista Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, calificó como un hecho importante, aunque tardío.

La situación de Grajales, que permanece desaparecida desde su detención, ha sido calificada como un acto de "terrorismo de Estado" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este caso ha logrado lo que otros no pudieron: la condena explícita de sectores que, hasta hace poco, eran considerados aliados del chavismo. Sin embargo, en un intento por contrarrestar el impacto del reclamo, el gobierno de Maduro difundió un comunicado de apoyo a su gestión, supuestamente firmado por otra filial de Madres de Plaza de Mayo.