El Gobierno despedirá empleados de la Procuración del Tesoro que sospecha que filtraron información de YPF a los fondos. El Ejecutivo asegura que reestructurará el organismo y disolverá parte de sus áreas. El encargado de realizar la reforma es el titular, Santiago Castro Videla.

La Casa Rosada asegura que tiene pruebas para impulsar una ola de despidos en el sector por venta de información confidencial a los demandantes. En Balcarce 50 no descartan denunciar a los trabajadores apuntados ante la Justicia por daños al Estado. “Es un delito grave porque es un perjuicio directo hacia el Estado”, expresaron.

La Procuración del Tesoro tiene una planta de 242 empleados y cuenta con un presupuesto de $8662 millones para la administración de seis direcciones nacionales: Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales y Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.

Los subprocuradores son Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija, que sigue la defensa argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Tienen a cargo también una dirección de Coordinación Técnica Administrativa, que abarca cuatro coordinaciones: Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones y Gestión Informática.

El órgano que se encarga de las defensas judiciales de Nación tiene a cargo también el Registro Único de integrantes del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RUICAE) y el Registro de Colaboradores y Consultores Técnicos del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RECCOT).

El Gobierno cree que hay una serie de áreas -con acceso a los expedientes en trámite, como las apelaciones ante la Justicia de los Estados Unidos- que envía y comercia información con los fondos beneficiarios. “Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar”, agregan en el oficialismo.

En la Procuración sostienen que “la reestructuración responde a una mayor eficiencia del organismo”. Los abogados del Estado están trabajando en la presentación de escritos para insistir ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York para que postergue la suspensión de la ejecución de la sentencia de Loretta Preska, que ordena a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos.

“Los apelados (Burford) deberán presentar su oposición a la solicitud antes del 17 de julio de 2025, y el apelante (la Argentina) deberá presentar una réplica antes del 22 de juliode 2025. La solicitud de suspensión se presentará al siguiente panel disponible posteriormente”, expresó el tribunal en su escrito.