Los diputados nacionales por el Chaco Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de ley que busca derogar el Decreto presidencial que elimina Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y restituir las instituciones afectadas.

El proyecto apunta a garantizar la continuidad operativa y administrativa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la CNRT, entre otros entes descentralizados, “fundamentales para la planificación, fiscalización y ejecución de políticas públicas que salvan vidas”.

“Estas estructuras no sólo son necesarias: son imprescindibles para un país extenso, desigual y federal como el nuestro. Sin ellas, se pierde capacidad de respuesta, planificación y control”, argumenta Pedrini en los fundamentos del proyecto.

Según advierten los legisladores, la disolución intempestiva de organismos con décadas de trayectoria “afecta la seguridad jurídica, paraliza programas en marcha, pone en riesgo inversiones internacionales y vacía de contenido técnico al Estado nacional”. También se denuncia la creación de nuevas estructuras con costos adicionales y sin planificación presupuestaria, contradiciendo los supuestos objetivos de “eficiencia y austeridad”.

Particular preocupación genera la situación de Vialidad Nacional, que concentra saberes técnicos altamente especializados en conservación y obra vial. Su fragmentación, advierten, compromete la capacidad de mantenimiento de la red de rutas, la respuesta ante emergencias y la continuidad de obras licitadas o financiadas.

ATENTA CONTRA EL FEDERALISMO

El proyecto también busca garantizar la restitución del personal afectado por el Decreto, preservando su carrera administrativa, derechos laborales y funciones específicas. Se subraya el impacto humano del desmantelamiento de estos organismos, que afecta a cientos de trabajadores calificados.

Desde una visión federal, los autores del proyecto remarcan que la reforma impuesta por el Ejecutivo “viola competencias provinciales, pone en juego fondos coparticipables y atenta contra el espíritu federal que debería regir las políticas de transporte”. Además, cuestionan el cambio de funciones asignadas a la Gendarmería Nacional, apartándola de sus tareas específicas de control en rutas.

“Este proyecto busca reconstruir un marco institucional robusto, basado en la experiencia acumulada y en el respeto a la ley, para que el Estado no renuncie a su rol indelegable en materia de transporte, infraestructura y seguridad vial”, remarcaron los diputados chaqueños. Para los autores del proyecto, “el Estado presente no es una carga”, sino una herramienta que “salva vidas, conecta regiones, genera empleo y garantiza igualdad de oportunidades a lo largo y ancho del país”.