Marco Molero, abogado de Mercedes Alicia Strada, la contadora involucrada en un caso de presuntas jubilaciones truchas vinculadas a la Regional Resistencia de la Anses, habló este lunes al aire de Alerta Urbana con Gustavo Olivello.

"Mi defendida es inocente y el allanamiento debe ser nulo", sostuvo, tajante, el letrado respecto del avance de la investigación federal en la que también está bajo la mira el titular de Anses y presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez.

Molero ratificó la presentación realizada días atrás mediante la cual solicitó anular el allanamiento al estudio  de Strada -ubicado en Marcelo T. de Alvear 186- por la presencia irregular de "Capi" Rodríguez. 

Si se acepta este planteo, las pruebas obtenidas podrían invalidarse y afectar seriamente la causa.

Al respecto, Molero defendió la continuidad profesional de la contadora “bajo el principio de inocencia” a la vez que denuncia irregularidades graves en el allanamiento de su estudio, apuntando a posibles nulidades y recusaciones contra el juez a cargo.

El operativo, realizado el 30 de junio por Prefectura con veedores del Consejo de Ciencias Económicas, incluyó sin autorización la presencia de Rodríguez y un empleado de ANSES. Para el abogado la participación del funcionario pudo sesgar la recolección de evidencias y cuestionó, en paralelo, la falta de control sobre qué ingresaron al lugar, subrayando la "gravedad institucional" de permitir la intervención de funcionarios ajenos a la fuerza interviniente.

Este lunes, al aire de Alerta Urbana, Molero afirmó categóricamente que su defendida es "inocente hasta que haya una sentencia condenatoria firme", recalcando que su estudio jurídico "sigue funcionando". 

Además, enfatizó que ninguno de los delitos que se le imputan "no traen aparejada una pena que impida seguir haciéndolo", ya que ella no es funcionaria pública. De hecho, el propio letrado la consultó recientemente por "temas trámites jubilatorios personales".

En paralelo, Molero cuestionó duramente la legalidad de un allanamiento, señalando la intervención de personas no autorizadas como “Capi” Rodríguez y un individuo denominado Daniel Espinoza. 

El letrado sostuvo que esto pone "en tela de juicio la cadena de custodia de los secuestros" al punto que fue tajante al afirmar que, si la información sobre la presencia de estos terceros fue dada telefónicamente y "no consta en el acta, es nulo". 

Por otra parte, indicó que si un juez dio una orden telefónica "a espaldas de la defensa", deberá "empezar a pensar en recusaciones" contra ese magistrado, en referencia a Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal 2 de Resistencia.