El fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 2, Guillermo González, ordenó detener al director de la Policía Caminera de Córdoba, comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, acusado de liderar una banda que utilizaba información reservada "para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios".

El funcionario judicial imputó a Ochoa Roldán por la presunta comisión de los delitos de coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.

González señaló que los imputados "utilizando la situación de privilegio de estar adentro de la fuerza, el acceso a determinada información en forma inmediata, la logística, poder disponer de móviles, cometieron varios delitos indeterminados".

"Cuando había algunos inmuebles ocupados ofrecían soluciones por las vías de hecho, en vez de hacerlo por el camino legal, que ellos conocían perfectamente porque eran abogados, y cobraban hasta un 20,30 por ciento el valor del inmueble para desalojarlos por otras vías, por vías de hecho, en forma ilegítima", contó en conferencia de prensa.

Y luego aclaró: "No están relacionados los delitos con la función específica que cumplían en la Policía. Hay gente de la Caminera, pero no está involucrado el tema de las multas, ni el tema del dinero de la Provincia o de las personas que tenían algún conflicto por el tema de tránsito".

Respecto a los supuestos damnificados expresó que "hay gente de buena fe que ha sido estafada, pero también hay mucha gente que difícilmente denuncien porque en realidad acudían a estas personas para tratar de lograr un atajo".

"A fin de hacer efectivas las detenciones dispuestas, se realizaron un total de 11 allanamientos en diferentes viviendas y estudios jurídicos ubicados en Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín logrando la aprehensión de siete personas", señalaron fuentes judiciales.

Además "se procedió al registro de distintas áreas ubicadas en Jefatura de Policía a fin de recabar elementos de prueba relacionadas a la causa".

Las fuentes precisaron que "existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares".

Siempre de acuerdo a la investigación los imputados habrían utilizado "información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico".

"Eventualmente y con el correr de la investigación pueden adicionarse nuevos ilícitos que fueron materializados como medio para el fin propuesto de la organización delictiva. Aún la causa se encuentra en incipiente estado de investigación por lo que resta analizar un nutrido caudal probatorio y no se descartan nuevas imputaciones", concluyeron las fuentes.

LOS DETENIDOS

Gabriel Élido Burkhard (civil), acusado de coacción, extorsión, asociación Ilícita en calidad de organizador, y enriquecimiento ilícito.

Comisario inspector Leonardo Javier Torres (ab), a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía de Córdoba , imputado por "el delito de asociación Ilícita en calidad de miembro".

Comisario inspector Martín Darío Heredia (ab), quien se desempeña en la Policía Caminera por "asociación Ilícita en calidad de miembro", "enriquecimiento ilícito" y "encubrimiento por omisión de denuncia".

Abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, por "asociación Ilícita en calidad de miembro".

Comisario inspector Jorge Gutiérrez, quien se desempeña en la Dirección de Custodias y Protección (“Protección de Testigos”) "por el delito de asociación Ilícita en calidad de miembro" y "peculado de servicios".

Suboficial principal Dante Gabriel Villalba, quien se desempeña como chofer en la Jefatura de Policía, por "coacción, asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de servicios".