El abogado defensor de Raúl Canteros, vocal del sector pasivo en el Directorio del Insssep, sostuvo enfáticamente que no existe delito en el accionar de su defendido, acusado de exigir dinero a su sobrino para luego distribuirlo entre otras personas que se encontraban sin contrato. El letrado Marcos Molero en declaraciones a Gustavo Olivello por Alerta Urbana, argumentó que se trató de un "acuerdo" entre partes.
"Ha quedado claro, hasta por las propias manifestaciones del denunciante, que hubo un acuerdo entre partes de cómo distribuir un contrato", afirmó. Subrayó que el dinero no tenía como destino las arcas personales del vocal ni fines políticos partidarios, sino que se sabía de antemano que sería distribuido.

El delito que se le imputa a Canteros es el de exacciones ilegales, tipificado en los artículos 266 y 267 del Código Penal. Sin embargo, Molero insiste en que, desde su perspectiva, el punto medular de la cuestión es si el acuerdo fue "compulsivo o no fue compulsivo".

El abogado explicó que una vez que el dinero de un contrato público ingresa a la cuenta de un particular, deja de ser "plata pública" y pasa a ser patrimonio del titular. "El dinero que cobra Juan, Pedro o Fernando, que son empleados públicos, una vez que ingresa a su patrimonio deja de ser plata pública. Esa plata pasa a ser plata del titular de ese dinero", graficó Molero, estableciendo una analogía con un sueldo o un honorario profesional que, una vez cobrado, el titular puede disponer de él como desee, siempre y cuando el acuerdo sea voluntario.

Con el pedido de elevar la causa a juicio, aunque aún en tiempo de oposición por parte de la defensa, el letrado se ciñe estrictamente a los aspectos procesales y considera que la devolución del dinero es un elemento "enteramente intrascendente" para la configuración del delito que se discute en el ámbito judicial.