El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció que el Gobierno provincial compró Sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, para reclusos del Servicio Penitenciario, y calificó la situación como “escandalosa”.

La acusación se basa en una factura oficial correspondiente a abril de 2024, donde también figuran cremas humectantes, shampoo anticaspa, anticonceptivos y otros insumos médicos.

Corvalán, representante del Frente Cívico en el organismo de control, difundió la denuncia a través de medios y redes sociales, y cuestionó el destino de fondos públicos para estos productos. “Lo vemos con estupor, con asombro”, expresó.

Frente a la polémica, el Gobierno de Córdoba aclaró que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos. Ariel Salari, jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, explicó que el Sildenafil se utiliza para tratar cuadros de hipertensión pulmonar en pacientes privados de la libertad. “Es una droga indicada en tratamientos crónicos, prescrita por médicos de hospitales externos”, sostuvo.

La controversia despertó un nuevo debate sobre el uso de recursos estatales en el sistema carcelario y el acceso a tratamientos médicos complejos por parte de la población penitenciaria.

Por último, desde el oficialismo remarcaron que el suministro de medicamentos responde a obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la salud, incluso en contextos de encierro.