La cooperativa cultural Sala 88, junto a espacios teatrales independientes de Chaco, actores, actrices, gestores culturales y la diputada provincial Mariela Quirós, presentó un amparo judicial contra el Decreto 345/2025, en defensa de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y del funcionamiento autónomo del Instituto Nacional del Teatro (INT). 

El amparo advierte que el decreto excede las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases), vulnerando principios constitucionales al derogar 21 artículos centrales de la Ley 24.800, sin pasar por el Congreso. La medida, denuncian, amenaza la continuidad del INT como organismo autárquico y federal, en contradicción con el artículo 3 de la Ley Bases, que prohíbe la disolución de entidades culturales. 

Reclamos y argumentos 

“El INT fue clave para que construyéramos nuestra sala, la mantuviéramos y la reconstruyéramos luego de un incendio. Cada peso fue rendido y devuelto en producción, enseñanza y trabajo”, explicó Rocío Blotta, titular de Sala 88, quien detalló que en la institución trabajan 30 personas y se dictan 15 talleres para más de 300 alumnxs. 

Desde La Máscara Teatro, el director Rubén Leyes también se pronunció en contra: “La Ley 24.800 fue una conquista histórica del teatro independiente. Este decreto representa un grave retroceso en el reconocimiento del teatro como herramienta de identidad y transformación social”. 

Por su parte, la diputada Mariela Quirós afirmó: “Cuando se desfinancia el teatro, se precariza el arte, se debilita la democracia y se empobrece la cultura. No es solo el telón lo que cae cuando se recorta el presupuesto: caen proyectos, trabajos y espacios de comunidad. Ese es el verdadero plan de este gobierno”. 

Qué solicita el amparo 

La presentación judicial reclama: 

Una advertencia al poder político 

La presentación subraya que, de no revertirse la aplicación del decreto, se generarán daños irreparables a trabajadores culturales y al acceso igualitario a la cultura en todo el país. El teatro independiente —afirman— es un derecho colectivo y un motor de comunidad, especialmente en los territorios más alejados de los grandes centros urbanos. 

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