El Gobierno nacional apelará la decisión de la Justicia del Trabajo de declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que limita el derecho a huelga.

Luego de conocerse este lunes que la jueza la Moira Fullana hizo lugar al pedido y suspendió provisoriamente los artículos 2 y 3 del DNU 340 del 21 de mayo pasado, fuentes de Casa Rosada confirmaron que "vamos a apelar todas las veces que sea necesario".

La central obrera había advertido que el decreto reglamentaba de forma restrictiva el derecho a huelga y ampliaba de manera arbitraria la nómina de actividades consideradas “servicios esenciales”, lo que en la práctica volvía inviables las medidas de fuerza.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a garantías mínimas de entre el 50% y el 75% de funcionamiento”, indicaba el texto oficial. Sin embargo, para la jueza, no existen las condiciones de urgencia que justifiquen el uso del DNU.

Fullana destacó que el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias al momento de emitirse el decreto y citó jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que sólo se puede legislar por decreto ante situaciones excepcionales. “El argumento del Estado no es suficiente”, subrayó.

La medida judicial no implica una declaración definitiva de inconstitucionalidad, pero suspende los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo del asunto. Desde la CGT celebraron el fallo como “un freno al avance sobre derechos laborales”.

El Gobierno aún no se pronunció oficialmente sobre el fallo, aunque se espera una respuesta en las próximas horas. Mientras tanto, el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios suma una nueva batalla en los tribunales.

QUÉ DICE EL TEXTO

El decreto limitaba el derecho a huelga, estableciendo condiciones más estrictas para convocar medidas de fuerza en sectores considerados "esenciales" o de "interés estratégico".

Redefinía los servicios esenciales, incluyendo áreas como Transporte y Educación, lo que ampliaba las restricciones a la huelga.

La CGT y organizaciones de derechos humanos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto por afectar derechos fundamentales.