Desde el inicio de la cuarentena, la provincia levantó barricadas e hizo zanjas para impedir el paso en sus límites; una presentación de productores rurales por las restricciones está la espera de un fallo de la Corte Suprema y se viralizó el caso de las hermanas Victoria y Antonella Garay a las que once veces les rechazaron el pedido de ingreso para ver a su padre agonizante, quien murió mientras ellas viajaban desde Tierra del Fuego.

No es la primera vez que San Luis se presenta como diferente al resto del país. De hecho, en varias oportunidades la provincia usó el eslogan "el otro país" para promocionarse. Desde el regreso de la democracia los hermanos Rodríguez Saá -Alberto y Adolfo- dominan el territorio, con el intervalo del mandato de Claudio Poggi entre 2011 y 2015, a quienes eligieron pero después terminó en la vereda de enfrente. Los siameses políticos se separaron el año pasado, cuando se pelearon.

El senador Adolfo acusó al gobernador de las mismas prácticas que la oposición le endilga a la familia desde hace años, persecución política y castigo a los que piensan distintos.

Hasta julio la provincia registró un mínimo de casos y ese fue el fundamento del gobierno de Rodríguez Saá para cerrar fronteras y elevar las exigencias de ingreso (hisopado negativo, 14 días de cuarentena en hotel y segundo hisopado negativo). En la última semana superó los 1550 contagios y suma 21 fallecidos. A mediados de este mes el mandatario fue aislado luego de que algunos de sus custodios dieran positivo de Covid-19.

El Comité de Crisis indicó que la semana que viene cambiará el protocolo y exigirá PCR negativo para estar 72 horas en el territorio. Después o se sale o se hace otro hisopado y siete días de cuarentena.

"Hay una construcción política coherente con la línea que siempre tuvieron los Rodríguez Saá y que se exacerba por la pandemia -dice a LA NACION Alejandro Cacace, diputado nacional por San Luis de la UCR-. Es una construcción muy paternalista, donde se plantea que el gobernador nos cuida, que el Estado sabe lo que hace; ese es el eje y no la responsabilidad individual. El concepto dominante es que el virus está afuera, una mirada xenófoba que es permanente, 'el enemigo es el no puntano, esto del otro país'".

A comienzos de este mes, el gobernador criticó -entre risas- a los porteños: "Son insoportables, qué querés que te diga. El porteño es terrible. A todas las saben lungas. 'Yo viajo a Europa, traigo el virus y chupame un huevo. Yo voy en la primera clase del Titanic'. Se cree que va en la primera clase del Titanic, pero que él no se hunde".

El OTRO PAIS
Hace tres años la Legislatura provincial aprobó el Registro de Empleo Puntano que estableció que si una empresa contrataba a un trabajador que no era "local" (nacido o con cinco años de residencia) debía abonar al Estado una tasa del 10 % sobre el salario bruto de esa persona; sólo exceptuaba al Estado y a los tomadores de servicio doméstico.

El diputado provincial Luis Martínez, muy cercano al gobernador, admitió que podía "parecer una ley antipática" pero se trataba de "regular y distinguir, ya que San Luis tiene una de las tasas más altas de renovación poblacional" y no tenía "las herramientas económicas para hacer frente a todo eso". Cacace presentó una denuncia ante el Inadi, que en 2017 pidió su derogación. Al final dejó de aplicarse.

En la provincia hay obras como la ciudad de La Punta, fundada en 2003 por los hermanos Rodríguez Saá, donde se levantaron 4000 casas, hospital, escuelas, comisaría, universidad, parques naturales, un estadio de fútbol con capacidad para 15.000 personas y un hipódromo. También cuenta con set de filmaciones (la provincia tuvo su plan San Luis Cine) y observatorio astronómico. En 2010 se inauguró un Cabildo, a imagen y semejanza del de Buenos Aires y las réplicas de la Casa de Tucumán y la Pirámide de Mayo.

Hace tres años se sumó el parque La Pedrera (a 100 kilómetros al sudeste de la capital provincial), 66 hectáreas con dos estadios, un anfiteatro, un autódromo, cinco escuelas generativas, un espacio de equinoterapia, un hospital, una comisaría y un cuartel de bomberos. Los visitantes de San Luis observan estas obras con una mezcla de admiración e incredulidad.

Carlos Ponce, diputado nacional peronista por San Luis y exvicegobernador de San Luis, defiende esa autonomía y reclama a la Nación que pague la deuda que mantiene por las retenciones indebidas de coparticipación desde 2006, que estima en unos $24.000 millones. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, prometió que, por ahora, asumirían la cancelación de $7500 millones.

LOS NUMEROS

El presupuesto original de la provincia -donde viven unas 480.000 personas- era de $62.000 millones este año; según datos del Ieral el 55% de la población en edad de trabajar está inactiva, 16% depende del Estado; 11% del sector privado; 7% es informal y 9% autónomo. El desempleo es de 2,6% según Indec, el tercer conglomerado más bajo del país después de Santiago del Estero-La Banda, con 1,8%, y Viedma- Carmen de Patagones con 2,4%.

Según el Iaraf, los giros por coparticipación representan entre 74% y 78% de los ingresos totales de la provincia en los últimos dos años. Este 2020 pierde si a esas transferencias se suman las discrecionales: hasta agosto la participación fue 11% negativa en relación al mismo período de 2019.

En 2016 Alberto Rodríguez Saá propuso a la Casa Rosada un "federalismo reforzado" al modo de las autonomías españolas como Cataluña y el País Vasco que le dé autonomía en el cobro de algunos impuestos, entre otras iniciativas; justificó la idea en que era "discriminado". Un año después no firmó el pacto fiscal.

En diálogo con este diario, Ponce dice que hay características que se asocian con el proyecto "exitoso" del peronismo en la provincia, generación de empleo por la promoción industrial que "dio empleo a los puntanos y también a quienes llegaron desde otros puntos". "A pesar de este crecimiento ha tenido una escuela de administración, manejándose con un presupuesto equilibrado, 50% de gastos corrientes y 50% de gastos de capital".

Grafica con que la mitad de la población "vive en una casa social con una cuota que, en el caso más alto, llega a $500. Ese es uno de los grandes logros; igual que la conectividad con infraestructura y capacitación; presenta al país una iniciativa muy segura y autopistas en todo el territorio". Ponce reconoce que quienes llegan al distrito se "sorprenden" con la infraestructura existente. "No tiene deuda, no hay posibilidad de hacerlo porque así lo dice nuestra Constitución; es una de las facetas distintivas del modelo".Describió que en la gestión de Mauricio Macri creció el desempleo como en todo el país. "Hemos estado y estamos preocupados en salvaguardar la salud y el trabajo de todos; destacamos algunas políticas de Nación para sostener lo laboral".

Cacace admite que muchas de las medidas oficialistas se basan sobre la idea "de otro país a la que los puntanos adhieren". Así, al inicio de la cuarentena durante una semana no ingresaron periódicos a la provincia por suponer que el Covid-19 podía contagiarse por el papel, los productores agropecuarios -exceptuados por ley nacional para circular- deben cumplir exigencias y hasta los varados en otras provincias no podían regresar.

"Aun con eso no había empatía generalizada; el quiebre se dio cuando empezaron a aparecer contagios y el Gobierno decidió que los afectados no podían hacer cuarentena en la casa y los envía a centros de emergencia en la ciudad capital o en Villa Mercedes -describe el legislador-. Se empezó a notar un hartazgo de la gente porque también se cerraron ciudades; los vecinos reaccionaron y por eso se están reviendo algunos puntos, por la conflictividad local. Cuando perseguían un proyecto nacional les importaba más la mirada del resto del país, ahora es una construcción más doméstica".

Fuente: La Nación