La provincia del Chaco es uno de los distritos que está en el centro de la polémica a raíz de la masiva auditoría que el gobierno nacional está llevando a cabo sobre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Las irregularidades detectadas han puesto de manifiesto un esquema de otorgamientos discrecionales que genera un perjuicio millonario al Estado.

Según la información que trascendió a nivel nacional, de las casi 250 mil intimaciones entregadas a beneficiarios para una nueva evaluación médica, un alto porcentaje presenta inconsistencias. Entre los casos más llamativos se encuentran direcciones inexistentes, personas fallecidas que seguían cobrando, beneficiarios que se niegan a la reevaluación e incluso diagnósticos insólitos.

La magnitud del problema en Chaco parece ser considerable. En este contexto, las declaraciones del fiscal federal Carlos Amad toman especial relevancia, que señaló que solo en la localidad de Taco Pozo, el perjuicio al Estado por pensiones irregulares ascendería a 1.000 millones de pesos anuales.

Si bien esta cifra corresponde a una investigación específica en una localidad, pone de manifiesto la potencial dimensión del problema en toda la provincia. La auditoría nacional en curso podría revelar un panorama aún más amplio de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones en el Chaco, sumándose a los casos escandalosos detectados en otras jurisdicciones del país.

Las autoridades nacionales esperan que la depuración de este sistema permita un ahorro significativo de recursos públicos, estimado en 900 mil millones de pesos para el año 2025. Sin embargo, en el Chaco, la atención se centra ahora en determinar la extensión de las irregularidades y las posibles responsabilidades detrás de este esquema que habría desviado fondos destinados a personas con discapacidad que realmente lo necesitan. La lupa nacional está puesta sobre la provincia, a la espera de los resultados finales de la auditoría y las posibles acciones judiciales que puedan derivarse.