El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, celebró el fallo que sentenció a la exministra de Familia de la anterior gestión, y a su grupo de colaboradores, por el delito de fraude a la administración pública.

“Sienta un precedente importante, sobre todo de cara a la ciudadanía, que hace mucho tiempo viene exigiendo transparencia a la política”, expresó.

El gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres destacó que Chubut es la primera provincia del país en la que se dictó un fallo condenatorio en una causa por ñoquis, vinculado con hechos de corrupción sucedidos durante el gobierno provincial de Mariano Arcioni.

El actual mandatario chubutense calificó el fallo como ejemplar, luego de que la exministra de Familia de la anterior gestión provincial, Cecilia Torres Otarola, fue condenada a tres años y medio de prisión por el delito de fraude a la administración pública. La exfuncionaria fue acusada por una serie de nombramientos de colaboradores y asesores que no concurrían a sus puestos de trabajo y, en algunos casos, cumplían funciones en el domicilio particular de la funcionaria.

Para Torres la condena es importante no solo en términos jurídicos, sino para la ciudadanía.

“Hoy nuestra sociedad empieza a ver que la corrupción tiene consecuencias, algo que parecía imposible durante los gobiernos anteriores”, dijo.

La condena “sienta un precedente para los ciudadanos de Chubut, que hace mucho tiempo vienen exigiendo transparencia a la política. No vamos a permitir que ningún ‘vivo’ o ‘viva’ piense que puede salirse con la suya y percibir un salario sin ir a trabajar; esa época ya se terminó”, apuntó el gobernador.

Los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri condenaron a Cecilia Torres Otárola a tres años de prisión en suspenso. La exministra había contratado asesores y colaboradores a los que les exigía el 50% de sus salarios en calidad de ‘retorno’. Entre ellas a una niñera y un jardinero que cumplían funciones en su domicilio particular.

El tribunal resolvió su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Cuatro de sus colaboradores recibieron penas de dos años de prisión en suspenso, con determinadas reglas de conducta, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos por el delito de defraudación a la administración pública como partícipes necesarios.