El fiscal federal N°2 de La Plata, Oscar Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta del presidente Javier Milei en la red social X (ex Twitter) es utilizada con fines oficiales y no como una herramienta personal, tal como había argumentado el Gobierno. La conclusión se dio en el marco de la denuncia presentada por Ian Moche, un niño autista de 10 años, quien pidió la eliminación de un posteo ofensivo difundido por el mandatario.

El dictamen establece que, al tener la verificación gris —reservada para jefes de Estado y sus adjuntos— y estar identificada como cuenta del “Presidente de la Nación”, la actividad que Milei realiza desde allí constituye ejercicio de función pública.

Implicancias judiciales y precedentes

El abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, aseguró que esta interpretación puede tener impacto en otras causas, como la investigación por el caso $Libra, en el que se analiza la posible estafa con criptomonedas promovidas por Milei desde esa misma cuenta.

El juez federal Alberto Recondo, a cargo del caso, avaló el planteo del fiscal y declaró la competencia federal para tramitar la causa. También dispuso otorgar a Milei cinco días para ejercer su defensa antes de tomar una decisión.

La publicación que desató la polémica

El conflicto comenzó cuando Milei publicó una historia donde vinculó a Ian Moche con “el lado del mal” y lo relacionó con Cristina Fernández de Kirchner. La imagen del niño junto a la ex presidenta fue usada para atacar al periodista Paulino Rodríguez, a quien el mandatario acusó de operar “siempre del lado de los kukas”.

El posteo se dio en medio del debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por unanimidad en el Senado, que Milei anunció que vetará por razones presupuestarias.

La madre de Ian, Marlene Spesso, pidió públicamente que el presidente elimine la publicación, algo que no sucedió, lo que motivó la presentación judicial.

Una causa con urgencia constitucional

La denuncia se tramita como una medida autosatisfactiva, con el objetivo de que se elimine de forma urgente el contenido ofensivo. El fiscal también solicitó que se trate como una acción de amparo, para permitir una resolución rápida.

“El daño se profundiza con cada día que pasa”, advirtió Gil Domínguez, quien espera que el juez actúe con celeridad. Si bien aún no hay fallo, el dictamen fiscal sienta un precedente clave sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos y la responsabilidad que conlleva.

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