El Gobierno tomó la decisión de desplazar a Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro. El Ejecutivo cuestionaba al funcionario por un dictamen a favor del reclamo de una empleada que cobraba un incentivo salarial a través de ACARA, y además apunta contra sus viajes en el exterior. “Tenemos indicios de que vive afuera del país”, expresan en Nación.

En Balcarce 50 ya circula el nombre del exjuez en lo criminal de Buenos Aires Ricardo Rojas como posible sustituto. “El presidente le tiene mucho aprecio y lo valora mucho”, expresó un funcionario. Según señalaron fuentes de Gobierno a este medio, Barra no estaba al tanto de su salida del Ejecutivo.

La Casa Rosada tomó el dictamen de Barra como una ofensa contra la gestión y asegura que desplazará a todos los funcionarios que no respondan “en línea con las ideas del presidente”. Es por eso que echaron a Ignacio Yaccobuci de su cargo al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“La resolución de la procuración va en contra de nuestra política, que está enfocada en reducir el Estado y recortar áreas que generen gasto. Si no defiende la gestión, no puede seguir en el Ejecutivo”, expresan en Balcarce 50. Más de un funcionario sostiene que desde hace un año vienen teniendo diferencias con el procurador.

Según pudo saberse, además de Ricardo Rojas, se analizan otras dos opciones: Santiago Castro Videla y Carlos Laplacette. Castro Videla es abogado y Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Laplacette también es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2001.

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó que El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra”. Y aclaró: “Su reemplazo será definido el próximo lunes por el Presidente de la Nación”.

Rojas todavía no recibió una oferta del oficialismo, pero tiene una cercanía personal e ideológica con el presidente. Es el autor de “La inflación como delito”, el libro en el que el jefe de Estado se basó para impulsar un proyecto para penar a los funcionarios que habiliten la emisión monetaria junto con los legisladores que aprueben un Presupuesto con déficit.

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajó entre 1986 y 1993 como secretario letrado de la Corte Suprema. Fue juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal nº 24 de la Capital Federal (2001-2006) y luego ofició como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal nº 18 de la Capital Federal hasta 2011.