El expresidente Alberto Fernández enfrenta una nueva denuncia judicial, esta vez presentada por la Fundación Apolo. Según el documento legal, Fernández, junto al empresario Héctor Martínez Sosa y al expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, habría incurrido en el presunto delito de asociación ilícita. 

La acusación está vinculada a un esquema para cobrar comisiones millonarias mediante intermediarios en contrataciones de seguros, que habría operado tanto en el ámbito nacional como provincial. 

La denuncia incluye también a Pagliano por "fraude contra la administración pública". Según los denunciantes, el esquema habría comenzado en la empresa estatal bonaerense "Provincia Seguros" en 2006 y luego se replicó en Nación Seguros durante la presidencia de Fernández. Este modelo, denuncian, habría generado enormes comisiones mediante la imposición de intermediarios en los contratos de seguros de organismos públicos. 

El escrito fue firmado por el director general de la Fundación Apolo y legislador porteño, Yamil Santoro; el jefe del equipo legal, José Magioncalda; el encargado del área de investigación legal, Nicolás Silvera, y el abogado Ignacio Falcón. Según los denunciantes, este caso es parte de un "plan sistemático" que lleva más de dos décadas operando bajo estructuras similares.

En declaraciones públicas, Santoro aseguró que la Fundación Apolo persigue la transparencia y busca desmantelar sistemas de corrupción en el país. "La causa "Seguros" no es un hecho aislado, sino un ejemplo de cómo una asociación ilícita sigue operando en el Estado argentino desde hace más de 20 años", afirmó. Según Santoro, esta estructura aún se encuentra vigente. 

La causa "Seguros" investiga el decreto que durante la presidencia de Fernández obligó a los entes nacionales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Martínez Sosa habría actuado como intermediario entre los organismos públicos y la empresa aseguradora, facilitando un esquema que permitió el cobro de millonarias comisiones, pese a la prohibición explícita de intermediarios en otros casos.

La Fundación Apolo subrayó que este esquema no es exclusivo del ámbito nacional. En la provincia de Buenos Aires, entre 2004 y 2006, un decreto obligaba a los organismos provinciales a contratar con "Provincia Seguros SA". Aunque formalmente se prohibió la intervención de intermediarios, en la práctica estos operaron bajo la figura de "mandatarios", replicando el modelo denunciado a nivel nacional.

Finalmente, la denuncia también se refiere a la compra de la empresa "Vanguardia SA" en Tierra del Fuego, propiedad de la familia Martínez Sosa, por parte del Grupo Bapro. Esta operación, realizada durante la vicepresidencia de Fernández, carece de justificativos claros según los denunciantes. Como prueba, se incluyen declaraciones testimoniales que documentan la existencia de agentes institorios involucrados en estos esquemas.