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ACTUALIDAD

10 de octubre de 2024

Caso Gabriela Casas: denuncian abuso de poder y violación de los derechos humanos

El móvil de exteriores se dirigió al barrio Provincias Unidas por nuevas novedades en el caso de Gabriela Casa, la abogada que fue retirada de su domicilio por efectivos policiales debido a una supuesta orden judicial.

Un confuso episodio tuvo lugar el lunes a la siesta en el barrio Provincias Unidas. Una abogada fue retirada por efectivos policiales debido a una orden judicial, ya que la mujer padecería problemas mentales.

En el lugar, el vecino Marcos Vega dialogó con Alerta Urbana y expresó que "el hermano logró ingresar en Salud Mental para verla a su hermana pero ésta estaba muy medicada y no podía ni hablar", comentó. 

Cabe destacar que este grupo de vecinos intercedió el lunes para evitar lo que consideró una intromisión ilegal. Por si fuera poco, trascendió que una herencia estaría en el foco de la cuestión.

"Fue sacada por la fuerza y la inyectaron. Ni siquiera una orden judicial tenía", sostuvo el vecino . 

La joven, que había estado internada en el área de Salud Mental, había sido rescatada por su padre de ese lugar antes de su fallecimiento. Con la muerte del padre, un pariente cercano fue señalado por los vecinos como el principal interesado en heredar los bienes familiares.

 

EL HECHO

El lunes, entre las 13.15 y 16, personal de la seccional Undécima acudió hasta la Manzana 33, Parcela 7 del barrio Provincias Unidas, donde se entrevistaron con el médico siquiatra Juan Funes del área de Salud Mental del hospital Perrando.

Tenían un oficio de la Defensoría General del Poder Judicial que ordenaba un informe en el término de cinco días, para saber el estado de salud de Gabriela Karina Casa (42), residente del lugar. Esta mujer es abogada y sería paciente de Salud Mental.
El galeno debía llevarla para un tratamiento e internación, pero Casa no accedió a salir de la vivienda. Ni los policías lograron que desista su actitud.

Asimismo, la fiscala Roxana Soto consideró que no existía ningún tipo de delito.

En tanto que unos 15 vecinos se juntaron para protestar este procedimiento bastante inusual por la cantidad de uniformados, algunos armados hasta los dientes.

Interviene el Comité de Prevención contra la tortura y Gabriela cuenta con el apoyo de sus vecinos quienes han demostrado alto grado de solidaridad y de sus amigos.

 

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