La Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, comunicó recientemente a 2.520 beneficiarios del programa Procrear II línea Construcción que los desembolsos de sus créditos para edificación ya no se realizarán como antes. Los recortes y la escasez de recursos para mantener el financiamiento estatal impactaron en el sector de la vivienda.

A fines de 2023, el gobierno anterior había otorgado 2.520 créditos Procrear a tasa cero, medida que, según las autoridades actuales, fue irresponsable y -junto a otros anuncios de tipo electoralista- contribuyó a aumentar el gasto público, el déficit fiscal y la inflación.

Ante la falta de fondos para continuar con estos desembolsos, la secretaría que lidera Rodrigo Aybar, propuso convertir los créditos hipotecarios en préstamos personales, conversión que permitiría a los beneficiarios cancelar la hipoteca y solicitar un nuevo crédito hipotecario en cualquier entidad bancaria si así lo desean. La propuesta incluye un período de gracia de seis meses para la devolución del capital nominal bajo las condiciones originales de los desembolsos ya realizados.

Este plazo busca aliviar la carga financiera de los beneficiarios que opten por aceptar la oferta, brindándoles tiempo para gestionar un nuevo financiamiento con alguna de las más de 20 entidades financieras que actualmente ofrecen créditos hipotecarios.

El plazo de aceptación de esta propuesta vence el 30 de octubre de 2024. Aquellos que no acepten la oferta estarán sujetos a la disponibilidad de fondos, lo que no garantiza la continuidad de los desembolsos y les impedirá acceder a otros créditos hipotecarios disponibles en el mercado.

La propuesta ofrece 6 meses de gracia para la devolución del capital nominal, manteniendo las mismas condiciones originales de los desembolsos realizados. Esto permite aliviar la carga financiera de quienes opten por aceptarla

Para asegurar que los beneficiarios comprendan las implicaciones de renunciar a los desembolsos pendientes y los posibles reclamos, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación habilitaron canales de comunicación a través de correo electrónico (desarrollosurbaní[email protected]) y consultas telefónicas.

Esta medida, según las autoridades, es necesaria para asegurar la sostenibilidad económica del país, permitiendo a los beneficiarios continuar con sus planes de vivienda en un contexto de restricciones financieras.

En tanto, los beneficiarios exigen claridad y un trato justo del Estado y el Banco Hipotecario, que respete lo pactado y les dé seguridad sobre sus viviendas.

La falta de soluciones concretas llevó a varios beneficiarios, a tomar medidas. Presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y enviado cartas documento a la Secretaría que tiene la vivienda en su órbita, demandando respuestas y soluciones.

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